La crisis económica trae consecuencias en todo el entramado social. Desde el Poder Judicial de Corrientes indican que se pueden realizar denuncias para salvaguardar la integridad de menores de edad.
La creciente crisis económica y el aumento de la pobreza a nivel nacional incrementan el riesgo en la integridad de menores de edad. Por ello, hay preocupación en los sectores del Estado por el incremento de casos de niñas, niños y adolescentes que son vistos conduciendo carros en la ciudad. Esto se puede tipificar judicialmente como trabajo infantil y llaman a no naturalizarlo.
Mañana, como cada 12 de junio, se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. En Corrientes aún no hay estadísticas certeras, pero la Justicia tiene numerosas intervenciones sobre denuncias, tanto en zona urbana como rural.
A nivel global se alertó de que millones de niños podrían verse obligados a trabajar a causa de la pandemia de covid-19, en tanto que el número de afectados por el trabajo infantil en el mundo creció por primera vez en dos décadas, informó la ONU esta semana.
El Litoral dialogó con la licenciada Celia Arnal, a cargo del Cuerpo de Trabajadores Sociales Forenses del Poder Judicial, sobre la naturalización del trabajo infantil en las zonas urbanas de Corrientes.
La licenciada Arnal indicó que se dieron casos de trabajo infantil en la provincia vinculados con tareas forestales y agropecuarias. Sin embargo, no es un fenómeno que ocurre únicamente en ámbitos rurales.
Desde el Cuerpo de Trabajadores Sociales del Poder Judicial manifiestan una creciente preocupación por la proliferación de niñas, niños y adolescentes “carreros”. Arnal explicó que en la sociedad hay una naturalización, pero advierte de que son casos que se pueden denunciar. “Todo ciudadano tiene la facultad y obligación de denunciar lo que considera que es una actividad ilegal y puede estar involucrado un niño, niña o adolescente. Contamos con instrumentos legales que permiten salvaguardar la identidad y la integridad del denunciante”, aseguró Arnal.
Agregó: “Hay una generalización al decir que la gente no es comprometida o indiferente a lo que ocurra con los niños; no es así. Se puede tener miedo de los efectos de involucrarse y denunciar, por eso cada vez más se arbitran instrumentos para contener a quien lo hace”.
Arnal reconoció que la circulación de menores de edad en carros podría tipificarse como trabajo infantil y es un “grave problema con el que socialmente nos estamos encontrando desde hace unos años, el fenómeno está en crecimiento”.
“Se puede apreciar a niños muy chiquitos y hasta adolescentes, no solo acompañando a adultos sino ellos mismos a cargo de los carros. No es su entorno natural y su integridad está en riesgo”.
Observó que el trabajo infantil está directamente vinculado con otros factores de vulnerabilidad social, como falta de acceso a la educación, alimentos y vivienda digna: “También es llamativo el aumento de la cantidad de comedores comunitarios, habla de una necesidad alimentaria tangible en la población”.
La tarea del Cuerpo de Trabajadores Sociales es trabajar sobre las causas que se denuncian, ya que las tareas de prevención son competencia de otras áreas del Estado: “Nosotros avanzamos sobre las causas que se denuncian y judicializan. La investigación se realiza no solo sobre el entorno familiar, sino sobre la comunidad donde esté asentada la vivienda”.
Hay antecedentes en la ciudad sobre investigaciones de estas características. Arnal comentó que “en el 2012 se hizo un relevamiento de lo que hoy es el asentamiento Pirayuí, fue muy importante por la magnitud de la cantidad de gente involucrada y también de la cantidad de expertos y mediadores que estuvieron a cargo” en tareas tendientes a resguardar la integridad de los menores.
En este sentido, Arnal destacó la “labor denodada de jueces y asesores de menores al intervenir en los casos de trabajo infantil o adolescente, desplegando las medidas conducentes a investigar esos hechos y trabajar con las familias carenciadas”.
Desde el Cuerpo de Trabajadores Social que cuenta con presencia en Capital y otras doce delegaciones en la provincia, se trabaja actualmente con propuestas de protocolos en la intervención en casos de trabajo infantil acorde a los entornos y las características de los conglomerados donde habiten los menores, con proyección a articular con otras áreas del Estado u organizaciones de la sociedad civil.
