El Juzgado Civil y Comercial N° 21 del Chaco hizo lugar a la medida solicitada por un grupo de habitantes de la vecina provincia. De incumplir el dictamen, fijó una sanción en $100 mil diarios a costas del Estado correntino por cada peticionante que vea lesionado su derecho.
Pidieron además que se declare “la inconstitucionalidad e ilegitimidad de los Decretos Provinciales atacados (Decretos Provinciales Nº 588/2020, 631/2020, 650/2020, 697/2020, 710/2020, 740/2020, 790/2020, 826/2020, 880/2020, 1.188/2020, 1.340/2020, 1378/2020 y 1.430/2020)”.
El magistrado Julián Fernando Benito Flores, expresa en su dictamen las diligencias que deberán cumplir el Poder Ejecutivo correntino para poder cumplir su medida mientras se resuelva la cuestión de fondo que es un amparo colectivo.
De no cumplirla, correrá por día una sanción pecuniaria de $100 mil que irá a cuenta del erario del Estado correntino.
“Permitiéndoseles así el ingreso a la Provincia de Corrientes y a los Municipios donde se encuentran sus propiedades, familiares y parejas -obrando documental respaldatoria del derecho de propiedad, como así también detalle de cada grupo familiar-, todo, hasta tanto se resuelva la acción principal”, explica el magistrado.
“Relatan como antecedentes de su requerimiento jurisdiccional, que el agravamiento de la situación epidemiológica a escala nacional requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar.
al dictado del Decreto Nº 297/20, por el cual se dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en todas las provincias y que los mismos se fueron prorrogando con el transcurso de los días”, expone en el juez en el dictamen.
