La Justicia provincial ya tiene detectados al menos 70 damnificados a quienes les prometían “casa propia”, a cambio se debía pagar entre $30 y $70 mil para iniciar trámites. Los estafadores decían que poseían inmuebles recuperados del Instituto de Viviendas de Corrientes.
El fiscal que tiene a cargo el caso es Guillermo Barry y hasta ahora tiene registradas 20 personas estafadas, pero habría muchas más.
Parte del discurso para engañar era que “tenían casas de recupero del INVICO y desde ahí tejían en el engaño”, explicaron fuentes cercanas a la fiscalía goyana.
