Se trata de Mariano I. Loza, la Justicia provincial hizo lugar ante un pedido de una concejal para saber cuántos trabajadores temporarios y de planta permanente posee la comuna.
El 5 de enero pasado un concejal de la localidad de Mariano I. Loza presentó ante el municipio un pedido de información en el que solicitaba la lista completa de empleados (de planta permanente y temporaria), su afectación a la administración general y sus remuneraciones por un lado; el inventario general de los bienes municipales y los balances correspondientes a los períodos 2017, 2018 y 2019, por el otro.
El pedido se reiteró el 26 de marzo, sin obtener respuestas. En su argumentación, recordó el deber de publicación de los informes requeridos, porque revestían naturaleza de información pública y están abarcados por el deber de publicación de los actos de gobierno.
El planteo del concejal, que también aseguró hacerlo en su calidad de vecino, fue plasmado en una acción de amparo, un tipo de procedimiento en el que se solicita a la justicia la protección inmediata de un derecho o garantía.
La jueza Teresa del Niño Jesús Oria, titular del Juzgado Civil, Comercial, y Contencioso Administrativo N°1 de Curuzú Cuatiá, hizo lugar a esa acción.
Transparencia
En consecuencia, la información veraz y proporcionada de forma oportuna (art. 20 L.O.M.), era de suma importancia para saber “cómo se desempeña la administración municipal y cuál es el destino de los fondos públicos, todas cuestiones que atañen a la función de Concejal y que sin la información adecuada resultan de imposible cumplimiento”.
