La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, reconoció en nombre del Estado la responsabilidad "en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades afrodescendientes de los territorios de la cuenca del Cacarica", en el departamento del Chocó (oeste), durante una operación militar en febrero de 1997.
En un acto en Riosucio (Chocó), Márquez reconoció este martes la responsabilidad del Estado por la "Operación Génesis" en cumplimiento de una sentencia dictada en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
"Aceptamos, sin condiciones, la declaración de responsabilidad internacional del Estado colombiano realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos establecidos en su sentencia", dijo Márquez.
La vicepresidenta agregó: "Reconocemos que ha existido un alto grado de impunidad y rechazamos la crueldad infligida en este caso contra las comunidades negras para intimidar, castigar, controlar, coaccionar y desalojar a sus miembros".
Por ello pidió "perdón a las víctimas de las operaciones militares y paramilitares de Génesis y Cacarica".
En el acto también participó el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien llamó a los diferentes actores armados a que se unan a la construcción de la paz total propuesta por el Gobierno.
La resolución de la CorteIDH
La CorteIDH declaró en 2013 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por los desplazamientos forzados que sufrieron las 23 comunidades que históricamente han habitado la cuenca del río Cacarica, en el marco de la operación militar "Génesis" y de las incursiones simultáneas del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre el 24 y el 27 de febrero de 1997.
Entre los desplazados se encuentra la poeta y lideresa de la organización Cavida (Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica) Jahaira Salazar Córdoba, quien recuerda cómo a sus siete años, una mañana de febrero de 1997, tuvo que abandonar su casa por los bombardeos y sobrevuelos de los aviones Kfir.
Por su parte, John Jairo Mena, otro de los cientos de campesinos que llegaron desplazados al municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia (noroeste), señala que el Ejército y los paramilitares le dieron a las comunidades un plazo de tres días para abandonar sus casas porque iban a combatir a la guerrilla de las FARC.
Tras culminar la última fase de retorno, en marzo de 2001, la comunidad ha denunciado nuevas "invasiones irregulares" en las zonas humanitarias a manos de militares y paramilitares que los revictimizaron.
Exigencias de las víctimas
Salazar admite que se hicieron algunos progresos en materia de justicia, como la sentencia de la CorteIDH, donde también se reconoce la violación del derecho a la vida y a la integridad personal del campesino Marino López, cuyo cuerpo, según los testimonios, fue desmembrado y su cabeza usada como pelota de fútbol.
No obstante, la lideresa insiste en que "faltan muchas cosas por hacer" ya que, además del caso de López, "hubo muchos otros casos" y, por ende, aún necesitan "saber la verdad" sobre el paradero de "muchos desaparecidos" o sobre quiénes dieron la orden del desplazamiento.
Entre las exigencias presentadas, según explicó a EFE Salazar, también está la necesidad de revisar las reparaciones que se les dieron a las víctimas para encontrar "algo más digno".
Del mismo modo, se solicita al Estado colombiano que se mejore la atención sanitaria en la zona ya que para recibir asistencia médica deben trasladarse hasta Riosucio donde, según denuncian, ni siquiera hay un centro "de primer nivel".
