Fue una de las principales preguntas que dominó la cumbre mundial climática de este año en Egipto. Los más pobres son, muchas veces, los más afectados por la crisis medioambiental.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha sido comparada en ocasiones con un circo o un campo de batalla. La cumbre de este año, celebrada en el centro vacacional egipcio de Sharm el-Sheij, fue una mezcla adecuada de comedia y rencor. Los problemas con el servicio de banquetes dejaron a muchos delegados en busca de sándwiches y plátanos entre reuniones y llamadas grupales. John Kerry, el principal negociador de Estados Unidos, se contagió de COVID-19 y se vio obligado a negociar desde el aislamiento de su habitación de hotel.
Las conversaciones debían terminar el 18 de noviembre, pero seguían en marcha la madrugada del 20 de noviembre. Al final, la falta de sueño y el cansancio, más que cualquier gran avance político, fueron los que forzaron un resultado. El resultado fue un texto que eludía el mayor desafío, ya que los países se negaron a prometer que dejarían de quemar combustibles fósiles. En cambio, repitieron las promesas del pasado de “reducir poco a poco el uso de carbón” y eliminar los subsidios “ineficientes” a los combustibles fósiles, frases que dejan un amplio margen de maniobra para quienes no quieren hacer mucho.
Pero puede que la conferencia de este año haya inclinado la balanza del debate en otros dos puntos. El primero son los “daños y perjuicios”. En esencia, esto hace referencia al principio de regulación ambiental del “que contamina paga” aplicado en todo el mundo. La idea es que los países ricos les paguen a los pobres para ayudarlos a enfrentar los daños ocasionados por los desastres inmediatos relacionados con el clima, como las inundaciones, y aquellos que van apareciendo de forma más gradual, como la desertificación. El segundo es que, para solucionar el cambio climático habrá que modificar los fundamentos del sistema financiero mundial. Esta idea nicho, que antes no había despegado, también está cobrando fuerza.
Palabras de aliento
Los daños y perjuicios acapararon casi todos los titulares. La idea se remonta a 1991, cuando la República de Vanuatu, un país insular del Pacífico, sugirió un plan de seguros para ayudar a pagar las consecuencias del aumento del nivel del mar. Durante 30 años, se rechazaron estas peticiones. Los dirigentes de los grandes países emisores de carbono, y sus abogados, no quisieron dar cabida a nada que pudiera sugerir que asumían una responsabilidad financiera por el cambio climático.
Pero el año pasado, en la misma conferencia que se celebró en Escocia, el primer ministro de ese país prometió 2 millones de libras (2,4 millones de dólares) para la causa. Claro está que, frente a la magnitud del problema, es un monto bastante menor. Pero fue un primer indicador de que puede que las cosas estén cambiando. A principios de este año, las fuertes lluvias monzónicas causaron más de 30.000 millones de dólares en daños y pérdidas financieras en Pakistán, casi el 9 por ciento del PIB del país. Esto se produjo en parte debido a las variaciones climáticas naturales, sobre todo el fenómeno que enfría el océano conocido como “La Niña”. Pero es muy probable que las lluvias se hayan intensificado por los efectos de los gases de efecto invernadero.
Esas inundaciones se mencionaron en la conferencia de este año para demostrar la necesidad de que los países ricos abran sus bolsillos. Una serie de promesas hechas por otros gobiernos europeos elevaron el monto total prometido a 255 millones de euros (262 millones de dólares), siendo Alemania el país que aportó la mayor parte del dinero, 170 millones de euros. Con el apoyo de la Unión Europea, el G77, un grupo de países pobres y de ingresos medianos, logró la promesa de crear un nuevo fondo auspiciado por la ONU, cuyos detalles se acordarán en noviembre del año próximo.
Dicho de otro modo, la cumbre creó un medio para captar fondos. Pero aún no se sabe cuánto dinero tendrá al final. Convencer a los ciudadanos de los países industrializados de que paguen por los pecados cometidos, al menos en parte, por sus abuelos, será difícil, por decir lo menos. Y la historia sugiere que los países pobres deberían moderar sus expectativas. Una de las quejas más comunes en esta última reunión sobre el clima tenía que ver con el incumplimiento de las promesas que hicieron los países desarrollados en la cumbre de 2009 celebrada en Copenhague.
En esa ocasión se prometió recaudar 100.000 millones de dólares al año para ayudar a los países pobres a adaptarse a un mundo más cálido mediante la construcción de defensas contra las inundaciones, la protección térmica de las viviendas y otras medidas similares. El presidente de Kenia, William Ruto, afirmó que se trataba de un “incumplimiento atroz e inexplicable” (lo más que se ha recaudado en un año son 83.000 millones de dólares).
Incluso si se impone la idea de un fondo independiente para daños y perjuicios, sigue habiendo mucho que discutir en lo que respecta a quién, exactamente, debe contribuir. Por ejemplo, hay muchas maneras de calcular las emisiones históricas de un país (y, con ello, la cantidad de calentamiento que han causado). Un análisis elaborado por el sitio web especializado Carbon Brief, basado en diversos documentos científicos y fuentes oficiales, incluye tanto las emisiones industriales como las derivadas de cambios en el uso del suelo, como la tala de bosques. No sorprende que Estados Unidos ocupe el primer lugar de la lista. Pero los países que le siguen no son ricos, sino países grandes de ingreso medio como China (que se ha convertido en el principal contaminador de gases de efecto invernadero del mundo), Rusia, Brasil e Indonesia.
También es probable que haya discrepancias sobre quién puede beneficiarse. La UE quiere que el dinero se destine sobre todo a los países “especialmente vulnerables” y no a los que están “en desarrollo”. Según las anticuadas definiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esta última categoría incluye lugares como una China de ingresos medios y un Singapur superrico, cuyos ciudadanos ganan hoy en día más del doble que los de la UE. Las decisiones “deben tener en cuenta la situación económica de los países en 2022, no en 1992″, afirmó Frans Timmermans, negociador jefe de la UE.
La conferencia también analizó maneras más tecnocráticas de recaudar fondos para las naciones más pobres. La “Iniciativa de Bridgetown”, cuyo nombre proviene de la capital de Barbados, fue propuesta por Mia Mottley, primera ministra de ese país. Esta iniciativa pretende hacer una revisión de las instituciones financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial.
Estas ideas ya empezaban a cobrar fuerza antes de que se mencionaran en Sharm El-Sheij. En julio, un informe encargado por el G20, un club de países ricos, recomendó cambiar las reglas que gobiernan a los bancos multilaterales de desarrollo, como permitirles no poner tanta atención a las opiniones de las agencias calificadoras de crédito al momento de evaluar el otorgamiento de préstamos. Defensores como Avinash Persaud, asesor de Mottley, dicen que permitir que los diversos bancos de desarrollo del mundo incurran en préstamos más riesgosos podría desbloquear alrededor de 1 billón de dólares adicionales sin que sus accionistas tengan que poner más dinero. En octubre, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, señaló que el Banco Mundial en específico debía tratar de encontrar maneras de “estirar” su hoja de balance.
La propuesta para crear un nuevo “Fideicomiso Mundial para la Mitigación del Cambio Climático” en el FMI, el prestamista internacional de último recurso, es más controvertida. Mottley sugirió una emisión de 500.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, una especie de cuasi moneda creada por el fondo, para capitalizar esta nueva operación, junto con dinero de inversionistas privados. El fondo otorgaría préstamos a tasas de interés inferiores a las del mercado para proyectos en países pobres que pretendan reducir las emisiones de carbono. Según las normas del FMI, el fondo podría crearse en un santiamén, sin necesidad de que los accionistas del fondo asuman ningún otro compromiso.
La iniciativa de Mottley obtuvo el respaldo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo a los delegados en Sharm El-Sheij que el Banco Mundial y el FMI necesitaban nuevas reglas y una nueva manera de pensar a fin de hacer frente al cambio climático. Macron se mostró muy entusiasmado con la idea de que, tras una catástrofe natural relacionada con el clima, los países pobres pudieran ver suspendidos temporalmente los pagos de su deuda. Pero no todos los líderes occidentales aprobaron la nueva idea. Históricamente, la emisión de derechos especiales de giro ha sido poco frecuente y se ha reservado para momentos de crisis financiera aguda. La participación de Estados Unidos en los derechos de voto le da derecho de veto en el FMI. En octubre, Yellen declaró que pensaba que no era el momento de emitir más.
Las discusiones entre países ricos y pobres son una característica habitual de las cumbres sobre el clima. Los países pobres piden dinero a los ricos; los países ricos recriminan a los gobiernos de los países pobres que no paguen sus deudas o gestionen mal los fondos (las palabras de Ruto sobre los miles de millones que faltan y que se acordó aportar en Copenhague fueron una inversión deliberada de este tropo).
No obstante, en esta ocasión, tanto los países ricos como los pobres se sintieron más presionados que de costumbre. La carga de la deuda nacional se disparó durante la pandemia de COVID-19. El aumento del costo de los alimentos y los energéticos, consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, está provocando que los países ricos -en especial en Europa- se aprieten el cinturón y está causando estragos en los países pobres, cuyo sufrimiento se ve agravado por la fortaleza del dólar. El panorama económico mundial es más sombrío que en los últimos años. Todo ello hace aún más difícil conseguir el dinero necesario para afrontar el cambio climático de manera adecuada.
El clima está cambiando
La factura sigue en aumento. Será en extremo costoso lograr que economías enteras dejen de usar combustibles fósiles. Al mismo tiempo, ya es inevitable sentir los efectos del cambio climático. Tan solo adaptarse a un planeta más cálido -más defensas contra las inundaciones, protección térmica para las viviendas y otras medidas similares- requerirá enormes sumas de dinero. La ONU calcula que costará más de 200.000 millones de dólares al año para 2030.
Los que están en mayor riesgo serán los que más dificultades enfrentarán. Sin seguros asequibles, los países insulares del Caribe y el Pacífico están obligados a pedir préstamos en caso de un desastre natural y a pagar el dinero cuando los tiempos mejoren. Según un cálculo, los países con mayor riesgo de enfrentar catástrofes naturales tienen una relación entre la deuda y la renta nacional ya 1,5 puntos porcentuales superior a la de los demás, cifra que podría aumentar en el futuro.
Reducir las emisiones, adaptarse a un clima más cálido y pagar los daños ocasionados por el cambio climático son parte de lo mismo. Una descarbonización más rápida significa una factura más baja para la adaptación y un menor gasto por la reconstrucción tras las catástrofes. Pero una de las lecciones de la más reciente conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático es que el mundo aún no ha encontrado la manera de hacer las tres cosas a la vez.
Mientras los delegados se retiraban a dormir, Alok Sharma, un político británico que presidió los debates del año pasado, celebró la creación de un fondo para daños y perjuicios. Pero lamentó que no se hubiera hecho más: “El hecho de que las emisiones lleguen a su punto máximo antes de 2025… no figura en este texto. Un seguimiento claro de la reducción progresiva del carbón: no figura en este texto. Un compromiso claro de eliminar todos los combustibles fósiles: no figura en este texto”.
