El Congreso ecuatoriano escuchó este martes las acusaciones contra el presidente Guillermo Lasso, señalado por los legisladores interpelantes de "inocular la corrupción" en el Estado, así como la defensa del propio mandatario, que consideró infundado el proceso y remarcó que "lo político jamás puede ser justificación para lo ilegal". La primera jornada del juicio político en su contra, por malversación de fondos públicos, contó con 109 parlamentarios presentes sobre 137 y fue seguido en las afueras del edificio por miles de partidarios del oficialismo.
El proceso es considerado una instancia que no sólo pondrá en escena el juego de internas en el Congreso, sino que también servirá para probar el esquema institucional ante una situación inédita en los últimos 15 años en Ecuador. Y sucede en un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el costo de vida, lo que puede determinar el fin del gobierno de derecha y una oportunidad para la oposición de recuperar fuerzas de la mano de su líder, el exmandatario Rafael Correa, residente en Europa y condenado a ocho años de cárcel.
"Distorsionan el verdadero sentido de lo político"
Al inicio de su intervención, que duró 49 minutos, Lasso señaló que sus interpelantes "han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República, han estirado los límites de la imaginación humana, han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie". El mandatario colombiano dijo que le tocó ver cómo "se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 2018, cuando este gobierno ni siquiera existía".
Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado. En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría para renovarlos bajo las observaciones realizadas por ese organismo.
Lasso sostuvo que la Contraloría "jamás recomendó terminar el contrato con Amazonas Tanker" ni estableció "ningún tipo de indicios de responsabilidad penal contra ningún funcionario". "Todo esto debería ser más que suficiente prueba de descargo", subrayó el presidente antes de recordar que las empresas públicas son entidades autónomas, y que un jefe de Estado no tiene injerencia ni interviene en la firma de contratos ni en negociaciones.
Lasso apuntó que si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir, o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, deberá responder ante la justicia. A sus acusadores les criticó el "distorsionar el verdadero sentido de lo político" y comentó que precisamente la condición de político que tiene el juicio "exige el máximo rigor y apego a las normas".
Aunque no era objeto del proceso, el jefe del Palacio de Carondelet usó parte de las tres horas del tiempo permitido para hacer un balance de su gestión y destacar logros. Además apuntó que el asunto no es si se salva o no el presidente sino preservar el funcionamiento de la democracia, y lamentó que el juicio político haya implicado "meses perdidos en peleas improductivas e investigaciones despistadas".
"Un contrato lesivo para los intereses del pueblo"
Una de las legisladoras interpelantes, la correísta Viviana Veloz, advirtió que Lasso "ha inoculado la corrupción en nuestro sistema y con eso ha pulverizado la soberanía, ha pulverizado a la República", y se preguntó "por qué no hizo nada el presidente para evitar que el país prorrogue un contrato lesivo para los intereses del pueblo ecuatoriano", que habría implicado de un perjuicio al Estado de seis millones de dólares.
Veloz advirtió que el presidente supo de la existencia de este contrato irregular, se negó a recibir el informe del entonces gerente de Flopec sobre las condiciones desventajosas para la empresa ecuatoriana y, por el contrario, ordenó su remoción. "Nunca tomó las medidas necesarias para resarcir esa situación jurídica o apoyar, ya sea la terminación unilateral o a su vez la terminación por mutuo acuerdo (...) y en consecuencia usted, presidente saliente, permitió que el daño económico al Estado se siga presentando", aseguró la asambleísta.
Veloz recordó que uno de los principales implicados en el caso Flopec, Hernán Luque, cercano a Lasso, se fugó del país, y que también otro de los vinculados en la trama de supuesta corrupción que salpica a Lasso, Rubén Cherres, fue encontrado a finales de marzo asesinado con signos de tortura. Por ese motivo, la legisladora de la oposición criticó que Lasso, en su comparecencia, haya esgrimido que no había pruebas ni testigos que avalen las denuncias.
Veloz presentó parte de su argumentación con un video musicalizado con la canción central de la película "El padrino". Su compañero en la acusación, Esteban Torres del Partido Social Cristiano, dijo que la defensa de Lasso sostuvo que durante su presidencia, en especial en 2022, Flopec no habría realizado una contratación nueva para el transporte del crudo ecuatoriano con Amazonas Tankers, por lo que el juicio carece de pruebas.
"La verdad fáctica es, sin embargo, señores asambleístas, que sí existe la prueba que en el gobierno del presidente Lasso hubo nuevas contrataciones entre Flopec y Amazonas Tankers", aseguró Torres, quien agregó que cada uno de los hechos señalados para este proceso fueron acreditados durante las prácticas de las respectivas pruebas en la comisión legislativa de Fiscalización y Control Político. El legislador también planteó que el juicio político no solo se sustenta en una denuncia de supuesta corrupción, sino que también se refiere al deterioro social, político y económico que afecta al país desde que Lasso asumió el poder en mayo de 2021.
¿Cómo sigue el juicio?
Concluida la exposición del presidente ecuatoriano y los legisladores interpelantes, las partes tuvieron una hora para las respectivas réplicas y luego se dio paso al debate para que los diputados expongan sus argumentos durante diez minutos sin derecho a réplica. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, deberá luego convocar a otra sesión para la votación final, y algunos medios quiteños señalan que ese encuentro sería el sábado.
En caso de que existan 92 votos a favor de la censura y destitución del presidente, que la oposición asegura haber alcanzado, el vice Alfredo Borrero tendrá que asumir la primera magistratura hasta 2025, cuando concluye el período de mandato para el cual fue electo el actual gobierno. De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez.
A Lasso le queda aún una carta con la que alguna vez amenazó: la opción de disolver el Congreso, por una sola vez y en los tres primeros años de administración, para dar paso a elecciones generales anticipadas de donde saldría un gobernante encargado de terminar el actual período. Esa opción, llamada "muerte cruzada", la puede decretar antes de la votación en el juicio y era un grito constante de sus seguidores en las afueras de la Asamblea Nacional. Los simpatizantes se concentraron en el parque El Arbolito, donde se instaló una pantalla gigante para seguir el proceso.
