Las cuentas claras y, el chocolate, espeso, dice el dicho que hoy se le podría aplicar al Gobierno de Gustavo Petro, el cual presentó el presupuesto para el año 2025 y en las comisiones económicas del Congreso no le fue aceptado inicialmente la noche del miércoles, cosa inédita en un país donde los gobiernos tienen este proceso como un trámite relativamente sencillo, donde la capacidad de lobby del gobierno y los intereses de los congresistas logran alinearse sin tanto debate. Pero especialmente raro que le fuera rechazado por las comisiones en Cámara, donde el presidente Petro ha gozado de especial respaldo, lo cual indicaría que la moneda de apoyo está dando la vuelta y no tendrían tan buena suerte ya sus propuestas a dos años de finalizar su mandato.El Gobierno presentó su propuesta de Presupuesto General para 2025, es decir de gasto, por un monto de 523 billones de pesos (111 millones de euros, aproximadamente), con un faltante de 12 billones de pesos (unos 2.553.191.489 euros), que pretende cubrir con la llamada ley de financiamiento , que es considerada por muchos una nueva reforma tributaria, pero con un nombre menos amenazante.El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue claro ante el Congreso al señalar que nada de lo que sucede es extraño pues «no es la primera vez, ni es ilegal ni chantaje, que un presupuesto se presente desfinanciado y vaya acompañado por una ley de financiamiento, que es para completarlo; no es la primera vez que se ha hecho en Colombia, las normas presupuestales lo permiten, lo autorizan. El Congreso recibe el presupuesto y se acompaña con el proyecto de ley y el Congreso desarrolla toda su actividad», que es precisamente el proceso en curso, del cual solo vamos en una fase inicial, que se cumple este sábado, cuando un monto deberá ser aprobado en consenso por las cuatro comisiones –Tercera y Cuarta de Senado y de Cámara–, cifra que sería, en todo caso, menor a la solicitada por el Gobierno.Con tiempo para lograr apoyosLuego, el primer debate en plenaria del Congreso deberá cumplirse el 25 de septiembre y, el segundo y final, el 21 de octubre, con lo cual el Gobierno aún tiene un tiempo para lograr apoyos, antes de que el presidente acuda –como lo ha dicho ya– a su aprobación por decreto, cosa que muchos tildan como «dictadura fiscal» , aunque está permitido por ley y no ha sido extraño para otros ejecutivos gobernar por decreto. Eso sí, de llegar a esa situación, el presidente Petro solo podrá hacerlo por el monto inicial que salga del consenso para el debate del 25 de septiembre, no podrá definir el monto a su antojo.El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo , comento en X que el problema ya no es el monto, en realidad, pues «puede poner un tope de 400, 500, 600, 700 billones de dólares, pero si los ingresos no alcanzan a cubrir el programa de gastos, habrá que recortar inexorablemente el Presupuesto en el curso de su ejecución, tal como sucedió este año. El tope de un presupuesto no genera ingresos: si es realista genera credibilidad; si es irreal genera transitorias fantasías». Allí toca uno de los temas que más debate han causado, si el Gobierno tiene real capacidad de ejecución, no solo de déficit, pues la ejecución del mismo en legislaturas anteriores ha sido muy regular y uno de los principales cuestionamiento a la gestión.El miércoles por la noche, tras el fracaso en la primera ronda, el también exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anotó que fue atinada la decisión en el Congreso de negar los 523 billones de pesos dado que tiene «12 billones de más sin financiación. No se debe aprobar un presupuesto desfinanciado (entre otras por exceso de gasto de funcionamiento-derroche) y si se aprueba menos de 511 billones no se necesitaría la ley de financiamiento. Ambas serían buenas noticias para la reactivación económica. Y de paso el gobierno tendrá que hacer ajustes a la baja adicionales para cuadrar el presupuesto en por lo menos 25 billones de pesos».Cheque en blanco«El año pasado les dimos un cheque en blanco y tocó hacer un recorte presupuestal. No podemos darles otro cheque», afirmó Efraín Cepeda, presidente del Senado y miembro del Partido Conservador, quien dijo que eso sería dar un «salto al vacío» y cuestionó la competencia del Gobierno en materia de recolección de impuestos y gestión fiscal. A esto se suma la crítica permanente sobre la ejecución de los ministerios, donde la falta de experiencia técnica y unos ingresos por recaudación menores a lo esperado se traducen en una ejecución presupuestal del 36,6%, con un 2,4% por debajo del promedio histórico desde el año 2000, donde la inversión es el rubro más bajo desde 2013, muy por debajo del simple gasto en funcionamiento.Ayer las comisiones económicas seguían trabadas en números y definiciones, mientras el Gobierno hacia cálculos políticos y movimientos para avanzar su pretendida reactivación económica y resolver, entre otros, un punto de gran controversia, como es el aumento en el porcentaje de retención en la fuente a las personas naturales, pasando al 41% frente al 39% actual, un golpe para los asalariados formales que cobren más de 1.915 euros al mes, y que además deben pagar el impuesto a la renta, cosa que le pegaría a toda la clase media y media alta colombiana, en un país donde la informalidad laboral ronda el 55,8%.
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