Organizaciones sociales de Corrientes se estarán movilizando la semana próxima en contra de las 160 mil suspensiones del programa Potenciar Trabajo y para que se cumplan los convenios con cooperativas de trabajadores.
La protesta es porque 160 mil personas «en situación de extrema vulnerabilidad social van a ver recortado su único ingreso miserable de menos de 33.000 pesos, cuando la canasta básica para no ser pobre llega a 150.000 pesos y la de indigencia a 67.000 pesos. Muchas personas afectadas son mujeres que son el sostén de sus hogares».
La movilización tendrá un carácter nacional y desde las coordinadoras explican que «no se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por Internet. Por la falta de conectividad y de servicios básicos en pueblos y barriadas de todo el país».
«Exigimos que cesen los despidos y la persecución a trabajadores del Potenciar Trabajo, quienes se encuentran realizando distintas labores de: textil, construcción, limpieza y mantenimiento de espacios públicos e instituciones, asistencia en merenderos y comedores, promoción de la salud y derechos humanos», expresan desde la agrupación Libres del Sur.
Los convocantes sostienen que el país afronta «un ajuste salvaje contra quienes menos tienen. No hay ningún objetivo de transparencia. El objetivo es avanzar con despidos masivos del programa a pedido del FMI, que reclama recortar el gasto en asistencia social, tal como lo hicieron con jubilados y jubiladas; y como vienen haciendo con el salario de los y las laburantes, frente a las altísimas y extraordinarias ganancias de las empresas».
«Sin lugar a grietas, desde CFK a Larreta, Bullrich y Milei son parte de una campaña de estigmatización y ataque contra las organizaciones sociales para poder llevar adelante esta ofensiva, que cuenta con el aval de Pérsico y Grabois», finalizan.
FIRME
El Gobierno anunció la semana pasada la suspensión de 154.441 planes Potenciar Trabajo. El anuncio estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. En el Gobierno buscan alejar la idea de «ajuste» en el gasto social y hacen hincapié en que se trata de una «suspensión» y no una «baja» o recorte. En esa línea, explicaron que quienes tengan sus planes suspendidos es porque no revalidaron sus datos en una auditoría en la que el 89 por ciento de quienes reciben el beneficio sí hicieron la actualización de su información personal. Conservan la ayuda estatal 1.210.571 beneficiarios, de los cuales la mitad son de la provincia de Buenos Aires.
