CORRIENTES. “Hoy comimos un guiso como todos los días. Hacemos de arroz o de fideos. Mañana seguro hago una sopa y torta frita. Carne, nada. A veces le sumamos el muslo del pollo que es más barato”, cuenta Sandra Morlio, sentada en su casa en el paraje Rincón, una zona rural ubicada a unos kilómetros de Tatacuá, en Corrientes. Vivían frente a una laguna que hoy está seca y es una alfombra verde en la que comen las vacas. Antes sus hijos iban a la escuela en canoa y ahora vuelven caminando a campo traviesa.
Su marido trabaja haciendo changas en el campo. Con eso, la Asignación Universal por Hijo y las Becas Progresar que cobran sus hijos que están en la secundaria, se las rebusca para darle de comer a todos.
LA NACION recorrió algunas de las zonas más vulnerables de Corrientes para conocer cómo viven los niños de estos contextos. La crisis económica se siente en cada uno de estos hogares. En esta geografía habitualmente llena de bañados y lagunas, con palmeras y pájaros de todo tipo, los que más sufren, como siempre, son los que menos tienen.
Los múltiples focos de incendios que cubrieron de una nube negra a la provincia y la sequía galopante, los dejó más expuestos a la marginalidad. Según los últimos datos publicados por el Indec, Corrientes es el cuarto aglomerado urbano más pobre del país (lugar que comparte con Gran San Luis) con el 45,2% de las personas en esa condición. Solo están en peor situación Concordia, Resistencia y Santiago del Estero-La Banda. “Son números que no nos gustan pero estamos trabajando en consecuencia. Primero hay que asumir que tenemos esta situación. Por supuesto que nos preocupa pero fundamentalmente nos ocupa, y por eso estamos llevando adelante todo tipo de intervenciones. El Estado provincial está haciendo un esfuerzo enorme pero la política económica del país no la manejamos nosotros y lamentablemente las provincias del NEA o NOA siempre fueron las más complejas. ¿Cómo puede ser que haya provincias que todavía no tengamos cloacas en todas las ciudades o el gas natural? Es la brecha que todavía tiene que ver entre el federalismo que tanto pregonamos y queremos”, afirma Adán Gaya, ministro de Desarrollo Social de Corrientes.
No llegar a fin de mes
Si se pone el foco en la pobreza infantil, alrededor del 57% de las niñas y niños de la provincia vive en hogares con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes, según datos elaborados por Unicef en exclusiva para LA NACION, en base a cifras oficiales. “La gente quiere trabajar y llegar a fin de mes. Nunca hemos tenido el 50% de pobres en la Argentina y mucho menos esta cantidad de indigencia. A la gente no le alcanza la plata. A eso hay que sumarle otras cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, como mandar a los chicos a la escuela. La gente el poder adquisitivo lo ha perdido de manera notoria y lo sigue perdiendo. Tenemos que ver de qué manera podemos acompañar a las situaciones más urgentes”, agrega Gaya. Para atender a las familias más vulnerables, el Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes lleva adelante 77 programas y proyectos de asistencia, desarrollo e inclusión en coordinación con distintos actores a fin de abordar las problemáticas de forma integral. Las familias viven al día. La inflación les come los pocos ingresos que tienen. Engañan al hambre con los ingredientes más baratos y llenadores que llegan a comprar: harina, fideos, arroz, azúcar y grasas. El problema es que no reciben los nutrientes esenciales para su desarrollo. “A veces no alcanza pero con la asignación le tiramos. Varias veces tuvimos que comprar menos comida porque los precios suben. Si comprábamos tres kilos de carne, compramos dos. Si comprábamos cinco kilos de azúcar, compramos tres. Comemos guiso de fideo o de arroz, a veces sopa, empanadas. Lo que se pueda. Lo que alcance. Es difícil conseguir frutas y verduras”, cuenta Cristina Morlio, que vive en el Barrio San Isidro, en Tatacuá, en una casa de madera. Hizo hasta 6to grado, tiene 5 hijos y su marido trabaja de changarín en la cosecha de poroto, de maíz o de mandioca, de forma temporal. Las familias se alimentan a base de carbohidratos como guisos, sopas y tortas fritas. Las frutas, las verduras, los lácteos y la carne, son un lujo que no se pueden dar. Para paliar esta situación la provincia lleva adelante el Programa de Seguridad Alimentaria que consiste en la provisión de alimentos (refrigerios, alimentos deshidratados y productos frescos como carne, frutas y verduras) a 32.320 beneficiarios diarios en todo el territorio. Se distribuyen en 160 comedores y merenderos, comedores municipales de 68 localidades y en 98 instituciones. La filial de Cáritas en Tatacuá señala que las principales necesidades de las familias más pobres son acceder a la comida, la ropa y la falta de transporte público en una zona de largas distancias. Cada vez que pueden, ayudan a Cristina y a otras familias con mercadería. “La mayoría de las familias no pueden comer un asado. Lo que más cocinan es guiso de fideos o arroz. También se utiliza mucho el poroto y la sopa. Gracias a Dios acá hay zapallo y con eso tiran”, explica Mercedes Baez, referente de Cáritas en la zona.
Sin huertas por la sequía
La sequía se instaló hace dos años en la provincia (y en todo el país) y las lluvias intermitentes no alcanzan para salir de la emergencia. Los ecosistemas de los bañados y de los esteros sufren. Los cultivos también. Los animales (yacarés, ciervos de los pantanos, carpinchos y aves de todo tipo) buscan desesperados un charco de agua para calmar la sed. La sequía puso en riesgo la alimentación de las familias más vulnerables: la falta de agua las dejó sin la posibilidad de sacar sus propias verduras de la tierra y la mala calidad de las pasturas para los animales puso en jaque su ya frágil sustento. “Hay muy poca agua y eso impacta en la producción porque tenemos poco pasto. Va a ser un invierno difícil para los animales”, se lamenta Rodolfo Leiva, cacique de la comunidad guaraní de Yahaveré. Las familias se mantienen gracias a la cría de vacas, corderos, cerdos y gallinas. Según un relevamiento de la Coordinadora de Entidades Productivas (CEP), las pérdidas por la sequía en Corrientes ascienden hasta el momento a $130.444 millones en arroz, citricultura, forestación, yerba mate y ganadería.
“La sequía es impresionante. La mandioca y la batata salen todas feas. Eso genera que los pequeños productores no puedan vender sus productos. Eso trae más hambre y necesidades”, agrega Baez. A la ausencia de precipitaciones que enfrenta la provincia, se sumaron los incendios. Según el Grupo de trabajo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Centro Regional Corrientes, hasta el 20 de febrero de este año, se quemaron 100.566 hectáreas, que representan el 1,13% del territorio provincial. El 91% de la superficie identificada corresponde a esteros, bañados y malezales con 90.161 hectáreas y el Departamento provincial que registró la mayor superficie quemada fue Ituzaingó. “Hemos tenido unos incendios tremendos que nunca se registraron en la provincia y terminamos en la peor sequía de los últimos 60 años. Si bien empezó a llover, apagamos los incendios y se empezó a recomponer de alguna manera el sistema hídrico y las pasturas, por supuesto que todavía siguen las consecuencias. ¿Qué hicimos? Hemos trabajado con los intendentes y estado presente en cada uno de las estas ciudades acompañando en lo inmediato. Cuando empezamos a salir, hemos dado capacitaciones en huerta y tenemos programas de semillas para impulsar esta línea”, afirma Gaya. Además de los programas de asistencia directa, el ministerio tiene en marcha otros vinculados con la promoción socio - económica de las familias dentro del marco de la economía social y otros tantos de inclusión.
O comer o estudiar
Las cuentas no cierran. Y muchas familias tienen que priorizar la comida por sobre el estudio. “Sobrevivimos”, señala Francisca Cordobés, quien ya prendió la leña para cocinar en el paraje Monte Grande, en las islas Apipé Grande. Ubicadas sobre el Río Paraná y a unos pocos kilómetros de la represa Yacyretá, es un territorio de antiguos pescadores que hoy se mantienen gracias al trabajo rural. “No quiero que mis hijos sufran como yo. Es la vida de cada pobre. A veces rascamos y llegamos con lo justo. El mes pasado le tendríamos que haber comprado la mochila a los gemelos de 4 años, no llegamos y por eso no arrancaron el jardín. Así que esperamos poder comprarlo el mes que viene”, dice. Sus hijos Diego (13 años) y Marilin Ramírez (14) están por llegar de la escuela en moto. Los caminos son de arena y suelen haber numerosos accidentes. La familia tiene vacas, una chacra y su marido, Antonio, hace changas. En muchos casos, los padres apenas terminaron la primaria y hoy sobreviven con trabajos precarios. El 38% de las niñas y niños en Corrientes residen en hogares liderados por jefas y jefes con pobreza educativa. María Luxen tiene 16 años, cursa el 6to año en la EFA Renacer y vive junto a su familia en el Paraje El Mortero, en la cuarta sección Anguá, en la zona de Saladas. Demetrio Luxen, su papá trabaja en una finca forestal, que además cría búfalos. Terminó la primaria y empezó a trabajar en el monte. “Yo no pude seguir porque mis papás eran pobres. Sufrí mucho y no quiero que sufra como yo. Me rompí el lomo, hice todo. Y no sé más que hacer. Hay que seguir adelante para que ellos puedan seguir estudiando”, cuenta. Al mediodía, la familia almorzó carne frita y con un poco de huevo frito. “Como si fuera una tortilla. En casa comemos guiso, a mí me gusta la polenta de pollo. Huerta ahora no tenemos por la seca”, agrega su papá. Sostener la escuela, comer sano o poder ir al médico son algunos de los derechos vulnerados de los niños y adolescentes en la provincia. Según el informe de Unicef, el 42% de las niñas y niños no ejerce de manera efectiva algunos de los derechos como educación, protección social, vivienda, saneamiento o acceso al agua.
Desnutrición
El Centro Conin Virasoro atiende a madres embarazadas y niños con riesgo de desnutrición hasta 5 años. “La desnutrición es multicausal, no solo está determinada por la falta de alimentos. Sino que hay otras causas subyacentes que llevan a esas familias a tener un riesgo social, y eso lleva a la desnutrición. Los hábitos, lo cultural, la falta de servicios, el nivel de educación. Como estas familias comen muchos carbohidratos, tratamos de cambiar su dieta”, explica Lorena Ramírez, trabajadora social y coordinadora del Centro Conin Virasoro. El foco es rescatar a chicos con riesgo de desnutrición con tareas preventivas. En el camino, se encuentran con otras problemáticas que atraviesan a las familias. “Hay casos de mucha vulnerabilidad de derechos, hay chicos indocumentados, chicos que no están escolarizados y casos que están judicializados”, agrega Ramírez. La mayoría de sus beneficiarias son mamás solteras que vienen con uno o varios niños, y a veces de diferentes progenitores. A cada una se les da un bolsón de comida para asegurar el valor nutricional de la comida de sus hijos. Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad alimentaria de las familias con hijos menores de edad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad social la provincia También implementa la Tarjeta Sapucay, que alcanza a 54.800 beneficiarios. Consiste en el otorgamiento de tarjetas magnéticas nominales, destinada a la compra de productos de primera necesidad, en una amplia red de comercios locales de Corrientes.
Gabriela Falcón tuvo a su hijo Jonás cuando tenía 15 años. “Fue muy difícil ser mamá tan joven. Yo no sabía cómo criar a mi hijo y estaba con bajo peso”, resume esta adolescente que gracias al acompañamiento profesional de Conin, pudo aprender a cocinar, a preparar la leche especial para su hijo y a tener limpia su casa. Gaya es consciente de todos los desafíos que enfrente la provincia y explica que el eje del gobierno está centrado en el desarrollo, la modernización y la inclusión. “En épocas de crisis nosotros consideramos que primero hay que estar en el terreno, para después planificar y organizar el trabajo de las instituciones, las ONG, los diferentes credos y todos aquellos que están comprometidos con la situación social. A partir de ahí lo que vamos viendo es el orden de prioridades que tiene que ver con la asistencia de alimentos y de los comedores oficiales y solidarios. Nosotros tenemos responsabilidad de gobierno y yo trato de todos los recursos poder usarlos de la mejor manera y ser efectivos para llegar a los sectores más complejos”, concluye Gaya.
Fuente: La Nación
