Así lo expresó el presidente de la Asociación de Remises de Corrientes, Juan Castillo, quien sostuvo que el proyecto de ordenanza municipal que busca establecer un marco regulatorio para esta plataforma "es una iniciativa que va a traer más precarización. Nos va a igualar para abajo, porque van a traer una empresa que funciona a nivel internacional".
Recientemente se conoció la novedad de que la ciudad de Corrientes planea avanzar sobre la habilitación de Uber en la Capital provincia.
"En principio, por la información que tenemos no es tan así como señala el proyecto. La noticia no cayó bien en la actividad, y muy distinto sería si el Concejo se preocupara de la actividad, ya que tenemos más de 4 mil vehículos para 1700 autos. Se puede agravar mucho nuestra situación si se avanza con este tipo de aperturas porque la exigencia es prácticamente nula. Esto es consecuencia de la falta de acciones y actitudes de la municipalidad porque es más fácil liberar la cuestión porque no tiene optimizada su capacidad de contralor", acusó Castillo.
Al ser consultado respecto a si pudo tener acceso al proyecto de ordenanza en cuestión, Castilló afirmó: "Tomamos conocimiento del texto, por eso sé que se nivela para abajo para que Uber compita. Se quita requisitos a remises y taxis para que Uber pueda meterse de manera formal, aunque para nosotros siempre va a ser ilegal. A Uber se le habilitaría para funcionar sin lugar físico, sin personal a efecto. Sin instalación de odómetro, que cuesta más de 10 mil pesos; y por eso es que hacemos hincapié en que la propuesta no es pareja".
A raíz de esto, Castillo adelantó que prevén reunirse con representantes del Concejo, con el propósito de acercarles sus inquietudes y plantear su postura: "Estamos por definir la estrategia, porque esto es muy prematuro y no sabemos qué vamos a definir. Creemos que el texto inicial se va a modificar porque no nos conformó, y si no cambia, veremos los pasos a seguir. Hemos manifestado públicamente que no tenemos problemas en que uber funcione en igualdad de condiciones. Si quieren trabajar que lo hagan pero que cumplan con las mismas exigencias que tenemos nosotros. Lo ideal es que uber se adecúe a nuestra legislación y no que le estén facilitando las cosas para que puedan trabajar".
"Estamos hablando entre la asociación y también estamos por juntarnos con los taxistas para ver qué determinación tomamos en conjunto", aseguró.
En este sentido, Castillo apuntó a que es necesario tener en cuenta la delicada situación del sector, el cual se ha visto seriamente afectado por la pandemia y el escenario inflacionario. "El panorama de la actividad es crítica, porque hay muchos conductores para tan poco parque automotor. Si uno se amplía en competencia la situación se puede agravar y la actividad deja de ser rentable. Por naturaleza el servicio se va a precarizar. Lo que pretendíamos es que la situación mejore, pero si sigue esta situación la cuestión se va a complicar", subrayó.
"Buscamos proteger a la actividad. Hoy el Estado le abre las puertas a una empresa para generar un colapso interno, que no beneficia en nada a la sociedad y que sólo va a generar más precarización. Los precios que cobran son bajísimos porque los costos de uso son bajísimos; hasta que se quedan con el mercado y después cobran el precio real", sentenció el referente.
En relación al reciente aumento en los valores del combustible, Castillo admitió: "Estamos analizando la suba de tarifas. Hemos absorbido todo lo posible, pero seguramente antes de fin de año vamos a tener que corregir el precio. Hoy está 230 pesos el primer kilómetro y el precio va descendiendo a medida que avanza, según hemos establecido en las últimas modificaciones. Todo es insuficiente cuándo tenemos un proceso inflacionario que nos cambia el capital".
A esto, agregó: "El gran problema que tenemos pasa por renovar el vehículo. El plan de ahorro tiene un valor muy elevado, no podemos afrontar un crédito para poder cambiar la flota; y es por eso que estamos en contra de una medida que busca permitir el trabajo con autos que tengan 20 años de antigüedad. Lo que a nosotros nos preocupa es el riesgo al que se le expone al usuario, porque si pasa algo, no tiene dónde reclamar. Cuándo no hay capacidad de contralor es más fácil liberarlos, pero esa no es la solución porque el más desprotegido es el usuario, independientemente de la rentabilidad que tenga la actividad. Más barato o más caro, el usuario paga las consecuencias".
