“Esta propuesta atenta contra la seguridad jurídica, ya que sustrae del fuero de familia un procedimiento complejo, vulnerando el principio de progresividad contemplado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, sostuvo la Federación a través de un comunicado difundido este viernes.
Si bien el proyecto puede parecer atractivo por su aparente simplicidad, genera importantes riesgos y consecuencias negativas, añadieron los abogados colegiados.
“En la actualidad el Código Civil y Comercial, en procesos de divorcio permite proponer una regulación clara sobre alimentos, régimen comunicacional, atribución de bienes y otras responsabilidades compartidas”, recordó la Federación.
En esa línea, explicó que “sin embargo, la propuesta del Gobierno omite la previsión de estos aspectos, lo que nos deja solo con incertidumbres sobre los efectos económicos tras la disolución del vínculo”.
Además, cuestionaron no se establece quién determinará la fecha de disolución del vínculo, “con las implicancias legales que esta decisión conlleva”.
Tampoco “se especifica cómo se regularán los alimentos o cuándo comenzará a correr la compensación económica, entre otros puntos fundamentales”, explicaron los abogados, para agregar que “estos vacíos normativos podrían provocar graves perjuicios a las partes involucradas y a terceros, especialmente a los hijos menores de edad”.
Valeria Arguello, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Rosario y especialista en derecho de familia, señaló que “otro gran problema es ¿cómo el funcionario del registro va a poder advertir que la voluntad está libre de violencia?”
Arguello explicó que “tanto los que nos especializamos en esta materia, como los jueces del fuero de familia, estamos preparados para poder determinar la existencia de causales de violencia”.
En ese sentido, la abogada dijo que “por ejemplo, una parte puede hacerle manifestar a la otra que no existen bienes cuando en realidad si, o que existe un acuerdo, que en realidad no fue consensuado”.
A la vez, desde la Federación indicaron que “en los países que el proyecto toma como referencia, se contempla la intervención de profesionales letrados, con restricciones adicionales para casos en los que existen bienes o menores. Sin embargo, esta propuesta omite tales previsiones”.
