El Consejo de la Magistratura citó a la diputada provincial Lionella Cattalini para que brinde declaración a raíz de la denuncia penal que realizó contra el juez federal Marcelo Bailaque, por su accionar en causas vinculadas al narco Esteban Lindor Alvarado.
El magistrado fue acusado por la legisladora de “retrasar las investigaciones sobre el narcotraficante” Alvarado, permitiendo así “la expansión de actividades criminales y el aumento de la violencia en Rosario”.
Más específicamente, la denuncia es por haber obstaculizado las pesquisas contra el narco desde 2013, desde su rol a cargo del juzgado federal rosarino.
“Durante el tiempo que se demoraron las investigaciones, Alvarado acumuló poder y provocó decenas de crímenes en nuestra ciudad. Por eso, necesitamos respuestas sobre por qué no se actuó a tiempo”, señaló Cattalini, quien ahora fue convocada por el Consejo de la Magistratura para declarar el próximo martes 5 de noviembre.
Seis meses atrás, en abril de este año, la diputada solicitó al propio órgano nacional un informe sobre el estado del expediente iniciado en 2022 por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, ya que recién este año el Consejo decidió abrir un sumario contra el juez federal.
Esta denuncia penal impulsa la destitución de Bailaque y recibió la aprobación de todo el arco político de la Cámara de Diputados santafesina.
Red de corrupción
Dentro de los vínculos señalados por Cattalini en su denuncia, se encuentra el entramado de una posible red de corrupción que relacionaría a Bailaque con el contador Gabriel Mizzau, quien se denuncia que al mismo tiempo era contador personal del juez y manejaba los balances de las empresas de Alvarado (algo que fue denunciado formalmente por la legisladora en agosto).
Asimismo, Cattalini también denunció que el hijo del contador, Sebastián Mizzau, fue contratado sin concurso en el juzgado de Bailaque y recientemente fue ascendido al Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario.
“Es inadmisible que un juez federal comparta contador con el principal líder del narcotráfico en la provincia y contrate a su hijo en el juzgado. La lucha contra el narcotráfico requiere funcionarios judiciales íntegros y comprometidos”, dijo en su denuncia la diputada.
Dentro de esta misma causa, también fueron citados a declarar Emilio Lencina, ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Rosario, y el ex fiscal federal Marcelo Di Giovanni, quien en 2013 pidió tres intervenciones telefónicas que Bailaque desestimó inicialmente y autorizó recién a los once meses.
Así también, fueron convocados a prestar declaración la ex fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, quien avaló el pedido de investigación al juez federal; los fiscales federales Diego Iglesias y Santiago Marquevich; y Luis Schiappa Pietra, uno de los fiscales de Santa Fe que solicitó en 2022 al Consejo de la Magistratura que evalúe el trabajo del juzgado a cargo de Bailaque.
Para Cattalini, “en Rosario la justicia federal llegó siempre tarde” y “hay responsables que tienen nombre y apellido, y que durante mucho tiempo se valieron de escritorios y anonimato”.
“Si no cortamos con los círculos de corrupción e impunidad no vamos a terminar con el espiral de violencia”, continuó, afirmando finalmente que para combatir el narcotráfico “necesitamos funcionarios y funcionarias judiciales comprometidos a dar batalla en nuestra ciudad”.
