La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento y embargo por 50 millones de pesos para el joven que en marzo pasado llegó de Estados Unidos y violó el aislamiento social yendo a una fiesta de 15 años en la que contagió de coronavirus a varios invitados, entre ellos su abuelo que falleció.
Se trata de Eric Luciano Torales Pereyra, quien quedó camino a ser enviado a juicio oral acusado de propagar una enfermedad "peligrosa y contagiosa de modo culposo, agravado por el resultado de enfermedad y muerte".
En el fallo del Tribunal de Apelaciones, los camaristas remarcaron que Torales tuvo una actitud "imprudente y negligente" el 14 de marzo último cuando fue a la fiesta de 15 de su prima en el salón "Alma de Hornero", en la localidad bonaerense de Moreno, donde hubo cien invitados más el personal que trabajó allí.
El joven violó el aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional a través del decreto 260/2020 que imponía un confinamiento de 15 días a todos los que llegaban desde países con alto grado de contagios de Covid-19.
Torales "estaba comprendido dentro de esa prohibición" y no obstante, "generó las circunstancias adecuadas para poner en riesgo la salud pública", concluyeron los camaristas sobre el acusado, quien dos días después de la fiesta dio positivo en el test de coronavirus, estuvo internado y ahora permanece en libertad.
La defensa del joven argumentó que desconocía por completo ser portador del virus, que no tenía síntomas y aludió a la "posibilidad de que hubiera otros focos de contagio en el mismo evento", algo que la Cámara descartó.
"Ha de tenerse en cuenta que en el momento en que ocurrió el hecho imputado, las medidas y esfuerzos gubernamentales estaban centrados en mitigar la propagación e impacto sanitario del virus”, de allí “las disposiciones restrictivas en relación con quienes ingresaban al país", recordaron los jueces en el fallo al que accedió Télam.
El riesgo "era conocido por el imputado, no sólo por la difusión pública de la situación a nivel mundial, sino porque también implicaba un protocolo distinto al momento de su arribo al país", que incluyó completar una declaración jurada en el aeropuerto de Ezeiza.
Los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán confirmaron el procesamiento y el embargo, fijado para cumplir con eventuales demandas civiles que puedan presentar asistentes a la fiesta.
