El ex presidente del Rofex y miembro de la comisión directiva de la Bolsa de Comercio, Luis Herrera, fue imputado este viernes -en una audiencia que comenzó el jueves- junto a sus hijos Ignacio y Daniel y su esposa Marcela por 137 nuevos casos de estafa con dinero de clientes de sus empresas financieras.
La juez del caso, Paula Álvarez, le dictó la prisión preventiva por seis meses a los tres varones, mientras que el fiscal Miguel Moreno no solicitó mediad cautelar para la mujer, que continuará en libertad, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Herrera y sus hijos ya había sido imputado a fines de 2022, en libertad, por estafas y administración fraudulenta de dinero de clientes que confiaron sus ahorros, cuyos intereses y capital no pudieron retirar de la financiera.
El financista siempre dijo que se trató de malas inversiones y una corrida bancaria que lo perjudicó, pero que devolvería el dinero. También pidió su quiebra, que tramita en una Juzgado Civil y Comercial de Rosario.
Tras los dos días de audiencia, el fiscal Moreno dijo este viernes que “en el transcurso de la audiencia se imputaron alrededor de 137 nuevas administraciones fraudulentas, se imputaron 9 estafas, se imputó una quiebra fraudulenta por un hecho que es cometido con posterioridad al comienzo de esta causa, y también se verificaron y se imputaron 2 hechos de desobediencia” de una orden judicial, que consistió en hacer transferencia de sus cuentas, lo que tenía prohibido por la jueza Álvarez sin previo pedido de autorización.
18 millones de dólares
Moreno explicó que “en función de todo eso, el perjuicio total que evaluó la Fiscalía es alrededor de 18 millones de dólares en algo que estamos rondando los 190 casos, y restan procesar y proceder a imputar alrededor de 218 casos más”.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos le atribuyó a Herrera, sus hijos y su esposa “haber formado parte de una asociación con permanencia en el tiempo, que comenzó a operar promediando el año 2017, destinada a planificar y cometer una pluralidad de delitos de manera organizada”.
Para eso, el financista se valió de la estructura de la sociedad -oficinas, autoridades, empleados, reconocimiento público-, por medio de la cual captaba inversores cuyos fondos “eran administrados con el objeto de aplicarlos a negocios financieros o económicos”.
Parte del dinero administrado, a partir del año 2017, “dejó de ser aplicado a las inversiones prometidas (Chicago Board of Trade), siendo destinado a otro tipo de inversiones que tornaron incierto el destino de los fondos aportados por la clientela”, sostuvo el fiscal en su acusación.
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Para mediados de 2020, la devolución de dinero a las víctimas se fue discontinuando, “hasta que alrededor de septiembre de 2021 cesó por completo no sólo la entrega de dinero, sino también la rendición de cuentas y cualquier tipo de información respecto de la suerte de sus inversiones”.
A su vez, a partir de 2021, “y siempre valiéndose de la estructura de una sociedad anónima, los imputados continuaron ofreciendo al público en general negocios financieros de alta rentabilidad, que a esta altura eran inexistentes, ya que los fondos obtenidos en esta etapa eran aplicados directamente a un sistema piramidal de estafa, con el objeto de obtener un lucro indebido para sí o para terceros generando en las víctimas el consecuente perjuicio patrimonial”.
Según la investigación, en ambas etapas el dinero de las víctimas se invertiría en el mercado de futuros de Chicago, denominado “Chicago Board of Trade”. En la primera, a partir de 2017 se detectaron inversiones con destino diferente al prometido. En la segunda etapa, las inversiones directamente no existieron.
Estafa piramidal
En estas audiencias, Moreno reveló que otra manera de captación de dinero de las víctimas fue a través de contratos de mutuo en los que el mutuante (inversor) era inducido a entregar dinero “bajo pretexto de que sería aplicada por la sociedad a negocios financieros o productivos que generarían la renta que, en definitiva, constituiría su futura ganancia”.
Herrera llegó a ofrecer intereses del 10% anual en dólares. “Lo cierto es que, como dijimos arriba, todas las inversiones -las que comenzaron siendo administradas de manera regular y las obtenidas mediante ardid- se aplicaban a un sistema de defraudación conocido como estafa piramidal o sistema Ponzi”, dijo Moreno.
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Y explicó que la modalidad de este sistema radica en que una persona -física o jurídica- ofrece una alta rentabilidad a los inversores, pero el pago de intereses se realiza con el ingreso de nuevos aportantes. Cuando esa cadena se corta, se devela la estafa.
“En la primera audiencia Herrera dijo que el dinero estaba y que iba a aparecer. En el transcurso de 3 años de investigación y 2 años desde que está imputado, no hubo ninguna evidencia de que el dinero fuera a aparecer”, dijo el fiscal en conferencia de prensa, luego de efectuar la imputación. “Es más -completó-, en la audiencia de hoy lo que se manifestó fue todo lo contrario, es que no hay dinero”.
Quiebra fraudulenta
Además, Moreno acusó a Herrera padre, entre el 21 de abril de 2020 y el 1º de noviembre de 2021, de manera previa a la quiebra de su empresa “llevó a cabo una serie de conductas consistentes en haber ocultado y sustraído de la masa de acreedores de su propia quiebra la suma total aproximada de U$S 5.000.000 y, a su turno, entre el 17 de diciembre de 2023 y el 21 de mayo de 2024, luego de decretada su quiebra, violando los deberes a su cargo como fallido y en fraude de la masa concursal, deliberadamente omitió dar cuenta y justificar de manera debida la existencia y salida, respectivamente, de dichos fondos, pese a haber sido intimado por la Sindicatura”.
A la vez, cada una de las operaciones, “versan sobre dineros o fondos provenientes de las administraciones fraudulentas y estafas ya imputadas y por imputar; por lo que se le atribuye el haber transferido y convertido, poniéndolos en circulación en el mercado, fondos provenientes de ilícitos penales, con la consecuencia posible de que el origen de dichos fondos originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, constituyendo cada operación un ilícito independiente”.
