“Acabamos de extender por un nuevo año la suspensión de la pauta oficial. Saludos. Fin”, publicó este viernes por la noche el vocero presidencial, Manuel Adorni. De ese modo, el Gobierno le da continuidad a la política de “pauta cero” que dispuso a fines de 2023, apenas asumió, y que resume el ideario sobre libertad de expresión y derecho humano al acceso a la información de los hermanos Javier y Karina Milei: que lo regule el mercado.
Sin embargo, de acuerdo a datos oficiales difundidos por medios de comunicación locales y debates sobre la publicidad oficial en la Cámara de Diputados, el recorte de recursos públicos destinados a la “pauta oficial” se redujo en Presidencia de la Nación, pero al menos una parte se recondujo por otras vías: puntualmente, la petrolera YPF y -ya en grado de sospecha- los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side). Que, al tener la condición de “reservados”, son inauditables.
Té para tres
El encargado de administrar los recursos publicitarios de YPF -cuyo presidente y vice designa el Gobierno de turno por tener control estatal- es Guillermo Garat. Se trata del vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de la petrolera.
Garat es amigo del ministro sin cartera del Gobierno, el asesor monotributista Santiago Caputo, quien con Karina y Javier Milei conforman lo que se denomina “el triángulo de hierro” de la gestión libertaria, una triada que concentra el poder publico. Garat y Caputo fueron alumnos del consultor de Mauricio Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, junto a otro compinche, Rodrigo Lugones.
Garat, Caputo y Lugones crearon luego la consultora privada Move. Y hoy coinciden en la administración libertaria. El último desde un lugar informal, puesto que se mudó a Madrid, donde gestiona una consultora de opinión pública y es una suerte de “asesor del asesor”, por su vínculo con Caputo.
En septiembre pasado, la revista Noticias, del grupo Perfil, publicó un artículo en el que afirma que la pauta oficial se mudó de despacho: de la Casa Rosada a las oficinas de YPF en Puerto Madero. “En total, de enero a junio, YPF lleva gastados más de 125 mil millones de pesos en pauta oficial, fundamentalmente en televisión. Aerolíneas y el Banco Nación son más modestos, pero también ayudan: 547 millones pautó la primera empresa y 539 millones la segunda. Sumando todo, el resultado arroja $ 126.505.339.992”.
Un mes antes, en agosto, la diputada nacional Silvina García Larraburu había apuntado hacia el mismo lugar: dijo que la publicidad “paraestatal” de la petrolera YPF creció durante el primer semestre del año (2024) un 421,5%. Es decir, por encima de la inflación.
“El encargado de ejecutar este gasto publicitario fue el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF, desembolsando 33 mil millones en los primeros seis meses de 2024. Poco más de 10 mil millones el primer trimestre y poco más de 20 mil millones el segundo trimestre”, precisó la diputada y apuntó a Garat, sin mencionarlo.
“Ante este desmesurado gasto es necesario mencionar que en 2023 se invirtieron para el mismo efecto 8.000 millones de pesos, cifra que indignó oportunamente al actual presidente de la Nación”, observó.
Otro organismo descentralizado, la ex Afip rebautizada como Arca, es otra caja que el Gobierno utiliza para aplicar su política de proveer recursos a medios amigos y disciplinar a los críticos: para fomentar el blanqueo de capitales utilizó $1.500 millones por mes en publicidad. Así, la promesa de “pauta cero” que el presidente anunció en campaña y llevó a cabo en la gestión, es ostensiblemente relativa.
De todos modos, el monto de recursos destinados a ese ítema se redujo sensiblemente en 2024, y quienes más los sufrieron no son las grandes cadenas de mediáticas sino los pequeños medios comunitarios, autogestivos y empresas privadas del interior del país, para quienes ese apoyo estatal resulta significativo.
En reserva
Otra caja que ostenta el Gobierno es la de los fondos reservados de la Side, la casa de los espías, donde talla con fuerza el asesor Caputo, que por esa condición no posee responsabilidades públicas sobre las decisiones de gestión. En julio pasado, a través de un decreto, Javier Milei le quitó el filo a los dientes de la motosierra y le asignó a la Side 100.000 millones de pesos en concepto de “gastos reservados”.
Es decir, dinero opaco cuyo destino no tiene que ser declarado ni es susceptible de auditoría. Justo el mismo Gobierno que levantó hasta el cielo las banderas de las auditorías a las universidades. De acuerdo al artículo de la revista Noticias antes mencionado, Caputo diagramó el nuevo organigrama de la Side, le devolvió el nombre original (hasta entonces era la Agencia Federal de Inteligencia, AFI) y gestionó la enorme caja negra de 100.000 millones de pesos.
Como no puede seguirse la trazabilidad del destino de esos recursos públicos, que parte se destinen a indecibles apoyos publicitarios a medios o periodistas, solo forma parte del amplio universo de las sospechas.
Pero, lo que sí ofrece más certezas, es que la tercerización de la pauta publicitaria oficial -que hasta fines de 2023 se canalizaba por la luego cerrada agencia Télam- procura evitar los efectos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció, en una demanda iniciada por Perfil, criterios de distribución equitativos. Fundamentalmente, que a igual volumen de un medio de comunicación, el Gobierno debe otorgar igual cantidad de recursos publicitarios.
