El Gobierno decidió cerrar el Centro Cultural Haroldo Conti, un emblemático espacio de memoria ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y avanzar con una nueva ola de despidos que afecta principalmente a las áreas dedicadas a políticas de derechos humanos. Los trabajadores se vieron obligados a concurrir a la Secretaría de DDHH y encontrarse con policías federales que les informaron su situación laboral.
Las autoridades nacionales actuaron con el afán de que la decisión ocasione el mayor daño posible a los afectados. Por eso los trabajadores recibieron el pasado martes 31 de diciembre, cerca del mediodía, un mensaje en sus teléfonos que decía que el Centro Cultural Haroldo Conti «procede al cierre a partir del 2 de enero de 2025» para «velar por una adecuada reestructuración interna» y «rearmar equipos de trabajo».
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que a lo largo del 2024, el Conti funcionó sin presupuesto y que la programación de actividades fue realizada por los propios trabajadores, sin una dirección por parte de la Secretaría -que ni siquiera designó a un responsable a cargo-.
Dicha situación no importó en lo más mínimo para el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, que definió que la mayoría de los trabajadores del centro cultural sean desvinculados y el resto quede en «guardia pasiva», con el espacio de memoria cerrado.
Según publicó la politóloga y periodista especializada en DDHH Luciana Bertoia en Página12, en el Conti hay unos 87 trabajadores. Unos 50 se encuentran contratados bajo el ente de cooperación Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona ya anunció que quienes estén bajo esa modalidad y no se adhieran al retiro voluntario serán despedidos.
Alrededor de otras 20 personas están en planta permanente y el resto en planta transitoria. Este segundo grupo es el que quedó en «guardia pasiva», con el centro cultural en supuesta reestructuración, un eufemismo que -tal los expone la cartera ministerial que maneja Federico Sturzenegger- sirve para matizar los recortes.
De terror
«El 31 de diciembre a las 14, Marcela Godoy, que es la secretaria del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, a través de un mensaje de WhatsApp nos avisó a los trabajadores del Conti que iban a dispensar de nuestros servicios durante todo el mes de enero porque el espacio va a estar cerrado. Que a pesar del contexto, esperaban que tengamos felices fiestas», repasó este jueves Melisa Hobert, delegada de ATE y una de las personas que trabaja en el Conti, en declaraciones a Conclusión.
El cinismo no se limitó a esa comunicación a horas del fin de año. «En ese mensaje también nos dijeron que, quienes para ellos sean imprescindibles, iban a quedar en guardias pasivas. La forma para saber si sos prescindible o no para esta gestión es llegar hoy a la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos, encontrarte con la Policía Federal y que ellos revisen un listado de compañeros y compañeras para que te digan si estás o no», indicó Hobert.
De esta forma, los trabajadores concurrieron en la mañana de este jueves al edificio de la ExEsma, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos, y una pareja de efectivos policiales le notificó a cada uno si el área conducida por Baños había decidido mantener su fuente laboral o no.
El próximo sábado, a partir de las 18, habrá una actividad con velas encendidas afuera del Conti, donde se espera que participen diferentes actores de la comunidad artística que pasaron por el espacio de memoria a lo largo de los 16 años de funcionamiento del lugar.
