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El Gobierno disolvió oficialmente la Afip y creó la agencia Arca: ¿qué dice el decreto?

 

El Gobierno nacional dispuso este viernes la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) mediante el Decreto 953/2024 y anunció la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta nueva entidad tendrá a su cargo la gestión de los recursos tributarios con una estructura menor y sistemas de evaluación más focalizados.

El texto publicado este viernes señala que la Arca se estableció para «un aprovechamiento más racional de los recursos humanos y materiales, al permitir la especialización y capacitación del personal en sus respectivas áreas de competencia, contribuyendo a mejorar la calidad del régimen impositivo, de la seguridad social y aduanero».

«En el mismo sentido -agrega- la medida permitirá establecer sistemas de control y evaluación más precisos y focalizados, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas en pos de una gestión pública más eficiente y orientada a resultados».

Lo cierto es que estos objetivos, tal anunció días atrás el vocero presidencial Manuel Adorni, intentarán alcanzarse con una dotación de personal acotada, producto del despido de 3.155 trabajadores.

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«La amplitud de responsabilidades asignadas al organismo que se propicia disolver ha derivado en una dispersión de recursos y un desbalance en la atención a sus diferentes áreas de competencia», argumenta el decreto de este viernes.

El artículo 3º de la publicación detalla que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) estará a cargo de un director ejecutivo, que será designado por la Casa Rosada y tendrá un mandato de cuatro años, pudiendo ser designado por sucesivos períodos con el requisito ineludible de haber cumplido con el Plan de Gestión dispuesto en el mandato anterior.

En este caso, según se comunicó oficialmente, la directora ejecutiva será Florencia Misrahi, quien estaba al frente de la Afip por decisión del gobierno de Javier Milei. La abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) es la persona que cobraba los 32 millones de pesos que el propio Gobierno salió a cuestionar en el escrito que confirmó la intención de renombrar el ente. Ni antes ni después de dicho anuncio se detalló si la funcionaria retornará a las arcas estatales esos recursos.

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Asimismo, el artículo 5º ordena que se transfiera a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero los recursos, el personal, los bienes, el presupuesto vigente, los activos, el patrimonio, y los compromisos, derechos y obligaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

«Hasta tanto se realicen las adecuaciones presupuestarias pertinentes, los gastos de funcionamiento de la Arca serán atendidos con los recursos previstos para la Afip en el Presupuesto General de la Administración Nacional», agregó el decreto.

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