El ajuste del presidente Javier Milei sobre los sectores más vulnerables de la comunidad encontró nuevos objetivos. A través de un decreto publicado este lunes en Boletín Oficial de la Nación, disolvió tres fondos fiduciarios: el del Servicio Universal (acceso a internet en barrios populares), el destinado a la Vivienda Social, y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf).
El decreto 6/2025 firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recuerda que el presidente está facultado por el artículo 5º de la denominada ley Bases a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las reglas que allí se establecen”.
Como en otras oportunidades, el Gobierno aduce presuntas “irregularidades” -que en muchos casos se trata de meras cuestiones administrativas- para eliminar políticas públicas destinadas a los sectores que más necesitan de las funciones estatales.
En el caso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar (Prodaf), el decreto apenas señala que “el fideicomiso que instrumentó el Programa antes citado ha cumplido con su objeto, según lo informado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación”, razón por la cual lo disuelve.
El Prodaf tenía por objetivo “aumentar los ingresos de los pequeños y medianos productores, a través del incremento de su productividad y competitividad. Para este fin, el Programa apoyó la incorporación de nuevas tecnologías y ofreció asistencia técnica y capacitación en materias de tecnologías, en acceso al financiamiento y en gestión asociativa y comercial”.
Acceso restringido
El Fondo Fiduciario del Servicio Universal es un fideicomiso que administra los aportes de inversión para los programas del Servicio Universal, un conjunto de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) con el objetivo de que estén disponibles para todos los usuarios.
Se creó en 2000 y se alimenta de los aportes de las empresas de telecomunicaciones, que deben invertir el 1% de sus ingresos totales en el fondo. Entre otras cosas, permitía el acceso a internet y nuevas tecnologías a aquellos sectores sociales que quedan excluido del mercado que ofrece dichos servicios.
En ese caso, el decreto que lo disuelve aduce que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realizó un informe de auditoría “y señaló la existencia de programas anteriores al año 2021 que se encuentran en ejecución durante 2024, no constando un instrumento que haya previsto su prórroga”.
“Que también se ha puesto de manifiesto la existencia de casos de proyectos aprobados, como beneficiarios del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, donde no se pudo fundamentar dicha condición, en tanto de las actuaciones no surge con claridad el cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente para su inclusión en los beneficios”. Por esas razones, lo disuelve.
Casa propia
El mismo decreto finaliza también el funcionamiento del Fondo Fiduciario para la Vivienda social, creado a través de la sanción de la ley N° 27.341. Ese fondo tenía por objeto principal “financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica, con fondos públicos, privados y de organismos internacionales, multilaterales o trilaterales”.
De acuerdo a la norma disolutoria firmada por Milei y Caputo, un informe de la Sigen señala que por un lado “no se acreditó la devolución de las sumas aportadas por el Fondo respecto de obras que se encuentran rescindidas y que, por otro lado, en el marco de los programas «Reconstruir» y «Casa Propia» se verificaron obras culminadas que no cuentan con rendición final por parte de los entes ejecutores”. Lejos de reclamarle esas rendiciones, el Gobierno utiliza esa excusa para disolver una línea de financiamiento de vivienda social para los sectores más vulnerables.
