Junto al expresidente está denunciados varios de sus ministros. La presentación se basa en un extenso informe del Banco Central. Se los acusa de defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.
Tal como lo había anticipado el pasado 1 de marzo el presidente Alberto Fernández, el Gobierno denunció penalmente a Mauricio Macri y varios de quienes fueron sus funcionarios con responsabilidad en el área económica por el megacrédito con el FMI por más de u$s44.000 millones.
La acusación recae contra Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, que tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos.
En la denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción se los acusa de los delitos de "defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos".
La denuncia se basa en un extenso informe del Banco Central y de la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación "sobre los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018”.
"Hoy la Oficina Anticorrupción realizó la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 en la causa nro. 3561/2019 “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, puesto que, según información pública, en dicha sede judicial tramita un sumario cuyo objeto reúne varias denuncias por hechos total o parcialmente coincidentes con los que aquí se denuncian", se informó oficialmente.
Aspectos destacados de la denuncia
El 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados.
Ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, quien en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado.
Por cierto, la decisión de suscribir con urgencia y a como diera lugar el mayor empréstito otorgado por el FMI en su historia —con la correspondiente complacencia de éste tanto en la concesión como en la supervisión de su cumplimiento, lo que no corresponde ni es factible juzgar aquí—, se expresó en la violación de las normas esenciales para esa decisión.
Son conocidas por todos y todas las manifestaciones del ex asesor Senior de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y actual Presidente del BID, Mauricio Clever Carone, quien en su exposición en el Consejo de Relaciones Internacionales de Chile explicó las razones de la concesión de un préstamo inédito y más que excepcional por su magnitud a la República Argentina, y las causas de la ceguera voluntaria en el control de la asignación de esos fondos a un destino diferente del comprometido, lisa y llanamente la fuga de capitales, finalidad prohibida por las normas del organismo multilateral.
La razón no era otra que ayudar a la reelección presidencial del por entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Para comprender cabalmente la maniobra es necesario obtener, en el transcurso de la pesquisa, tanto el listado completo de las personas físicas y jurídicas beneficiadas por la maniobra ilícita, así como determinar el tipo de vinculación que pudieran mantener con los funcionarios denunciados. Más adelante veremos que un puñado apretado de beneficiarios, es decir un universo hiperconcentrado, accedió a la divisa norteamericana en el pequeño mercado cambiario local.
Conocer si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores, y si estos pudieron prevalerse de información privilegiada -y quién la suministró-, para asegurar esas ganancias, que son el espejo del perjuicio que debe afrontar la mayoría del pueblo argentino.
Los imputados recurrieron a distintas conductas que se describen en la denuncia, desde evitar cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito; lo cierto es que entre mayo de 2018 y hasta que fueron restablecidos tardíamente los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI se desembolsaron casi USD 44,5 mil millones.
Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los USD 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por USD 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por USD 36,9 mil millones.
El FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento del empréstito como con el control de su ejecución.
No resulta casual sino causal la coincidencia de las sumas, en tanto los USD 44,5 mil millones obtenidos mediante el empréstito con el FMI resultan muy cercanos a los USD 45,1 mil millones fugados por capitales especulativos y los USD 46,1 mil millones de Lebacs emitidos a junio de 2018.
El proceso fue espurio porque las autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y la salida de estos de la plaza local, garantizando con su deliberada pasividad la toma de ganancias de los especuladores a expensas del patrimonio público, desentendiendose de las advertencias que envía la historia económica nacional, y a pesar de que la maniobra se reiteraba desde diciembre de 2015 y el default final -como toda la secuencia- resultaba más que previsible.
No se recurrió al canje compulsivo de títulos ni al control cambiario (al que tantas veces se echó mano en perjuicio de los pequeños ahorristas nacionales) sino hasta que, en las postrimerías del gobierno, las ganancias, su dolarización y la fuga estuvieron garantizadas para los especuladores.
Los imputados violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305), soslayando la emisión del dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros para el inicio de las negociaciones de la operación (decreto 1344/07) y evitando la opinión previa del Banco Central de la República Argentina respecto del impacto de la operación en la balanza de pagos (art. 61 de la ley 24.156).
Se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad.
Llevar el empréstito al Congreso de la Nación, o requerir los informes y dictámenes respectivos, no hubiera conducido a otro resultado que impedir la toma del empréstito en las condiciones pactadas, en virtud de su clara insustentabilidad, o al menos dificultarlo y demorarlo hasta poner en riesgo la consumación del carry trade. Las omisiones y violaciones a sus deberes de los funcionarios fueron las formas mediante las cuales se materializó parte del fraude.
