Los cinco trabajadores y referentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Amsafe Rosario y el Sindicato Municipal de Venado Tuerto, que fueron detenidos este miércoles, tras polémicos allanamientos, fueron imputados este jueves por la mañana en los Tribunales Provinciales de Santa Fe. La causa que se les abrió es por los incidentes ocurridos en las puertas de la Legislatura provincial, en el mes de septiembre, cuando se trató la Reforma Previsional.
La acusación estuvo en manos de las fiscales Laura Urquiza y Yanina Tolosa, quienes les achacaron los delitos de daños agravados e impedimento del funcionamiento del Congreso. Los imputados son Román González, Franco Casassola, Diego del Castillo Curbelo (Amsafe), Maximiliano Molina (ATE Rosario) y Mauro Corna (Sindicato de Municipales de Venado Tuerto).
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Los imputados transitarán el proceso en libertad con medidas cautelares que contemplan presentarse cada 30 días en el Ministerio Público de la Acusación, fijar domicilio en la provincia de Santa Fe y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros a la Legislatura.
La causa judicial que se les sigue a los dirigentes gremiales se inició tras los incidentes ocurridos el pasado 12 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados trató y aprobó la reforma jubilatoria en Santa Fe. Una multitudinaria marcha llegó a las puertas de la Legislatura se produjeron varios incidentes cuando un grupo intentó ingresar al recinto y, tras la aprobación de la ley, algunos manifestantes rompieron la puerta de ingreso y arrojaron objetos en medio de una fortísima represión policial.
En tanto, desde las diversas organizaciones gremiales apuntaron contra el Gobierno de Santa Fe y calificaron el accionar judicial como «una investigación de perfil intimidatorio y antidemocrático sobre el derecho a la protesta”. En sus argumentos remarcaron que las detenciones se dieron en medio de violentos allanamientos, que eran innecesarios, porque todos los detenidos podrían haber sido citados y se hubieran presentado voluntariamente, ya que los gremios responden por sus referentes.
Horas de zozobra
La noticia de las detenciones de dirigentes gremiales estalló en la mañana del miércoles y rápidamente se convirtió en el tema del día. Sobre todo, por la violencia de los allanamientos, entre los que se cuenta el que tuvo lugar en la casa de la madre de Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario.
Las primeras horas de la mañana fueron dramáticas para los gremios, que desconocían a dónde habían sido trasladados los detenidos. No obstante, cerca del mediodía se informó que todos ellos se encontraban en la sede de la Policía de Investigación (PDI), ubicada en Las Heras al 5000. Allí se hizo presente un grupo de personas para exigir la liberación de los referentes sindicales.
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También se desconocían los motivos por los que los referentes gremiales fueron detenidos. A media mañana, y en diálogo con Conclusión, el secretario general de Amsafe Rosario, Juan Pablo Casiello, indicó que, por comentarios de una fiscal de Santa Fe, podían pensar que las detenciones se debían a los incidentes registrados en la puerta de la Legislatura hace más de un mes.
Fue el gremio docente quien confirmó, a primeras horas de la tarde, que la audiencia imputativa contra los cinco detenidos tendría lugar este jueves en la ciudad de Santa Fe, donde la fiscal María Laura Urquiza les achacará los delitos de “daño calificado e impedimento de funcionamiento del Congreso”.
Casiello, además, recordó que dos de los detenidos, Román González y Franco Casassola, integran la comisión directiva del Amsafe Rosario, mientras que Diego del Castillo es delegado de una escuela.
Inmediatamente el gremio que nuclea a los docentes de escuelas públicas convocó a un cese de actividades en todos los establecimientos educativos del departamento Rosario a partir de las 16 y a una concentración frente a la sede de Gobernación –ubicada en Santa Fe y Dorrego– a partir de las 17, que se convirtió en multitudinaria, ya que también se sumaron los docentes universitarios y los estudiantes de diversas facultades que participaban de distintas asambleas.
Tanto Amsafe Rosario como ATE Rosario entienden que la detención de los trabajadores es una persecución por parte del gobierno de Maximiliano Pullaro.
