Era habitual que los miembros del Poder Judicial inicien sus procesos jubilatorios ante posibles juicios políticos. La reforma jubilatoria generó una ola de presentaciones evitar la pérdida de privilegios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó este miércoles a enviar cartas documento para intimar a 220 jueces/zas, fiscales/as y defensores/as que tramitaron su jubilación para que opten: o renuncian y se jubilan de verdad o siguen en sus cargos y retiran el trámite jubilatorio. El organismo, que dirige Fernanda Raverta, les dio un plazo de 30 días para que se decidan, de lo contrario el archivo será automático y el organismo evaluará en cada caso si, por ejemplo, luego deberán empezar todo el circuito para pedir la jubilación de nuevo. Entre los destinatarios hay cinco integrantes de la Cámara de Casación Penal Federal, dos de la Cámara Federal, está también la jueza electoral María Servini, el procurador interino Eduardo Casal y hasta la única jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco. La reacción corporativa no tardó en llegar y la Asociación de Magistrados convocó a una reunión con abogados/as para analizar posibles planteos judiciales.
Históricamente es un clásico que jueces y juezas tramiten sus jubilaciones en forma anticipada, como forma de garantizarse no perder un haber preferencial en caso de tener un proceso de remoción en su contra. En marzo del año pasado se sumó un elemento más fuerte aún que precipitó una catarata de solicitudes de jubilaciones dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público, que fue la reforma del régimen jubilatorio de privilegio del sistema de justicia. La intención era conservar el viejo esquema. ¿Qué cambió? La nueva norma elevó del 11 al 18 por ciento el aporte sobre los salarios judiciales. Se sostuvo el 82 por ciento móvil para el cálculo del haber pero no sobre el último sueldo sino sobre las últimas 120 remuneraciones. Una comisión se ocupará de esos cálculos específicamente. La norma elevó la edad jubilatoria de los varones de 60 a 65 años con una escala gradual hasta 2025. La otra novedad fue que dejaría de pagar las jubilaciones judiciales el Consejo de la Magistratura y pasaría a hacerlo la Anses. Vale recordar que en el sistema judicial no se paga impuesto a las ganacias, excepto quienes ingresaron desde 2017, cuando cambió la ley.
La Anses pasó a pagar las jubilaciones de 5000 miembros del Poder Judicial y Ministerio Público (fiscal y de la defensa). En ese contexto, para organizar el sistema firmó algunas disposiciones, entre ellas la de exigir que quien quiera iniciar el trámite para jubilarse primero tiene que renunciar. La resolución, con fecha 8 de febrero, dice: "Las presentaciones en demanda de un beneficio formuladas por los Magistrados y Funcionarios que ejercieran los cargos comprendidos en el artículo 8 de la ley 24-018 y sus modificatorias podrán iniciarse una vez que se haya presentado formalmente la renuncia al cargo y esta se encuentre en proceso de aceptación (...) Al momento de presentar el cese definitivo en las tareas, se procederá a determinar el derecho a la presentación y la liquidación y otorgamiento del beneficio (...) En los trámites que se hubiera iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia".
Frente a las interpretaciones que consideran la decisión de la Anses como un "apriete" sobre la (mal llamada) justicia, en el organismo recuerdan que las 220 personas intimadas iniciaron el trámite por decisión propia y lo que se está haciendo es implementar la reglamentación de la nueva ley. Comparan: los jubilados/as de a pie, no inician el trámite con antelación sino solo en el momento que deciden jubilarse.
La lista de los 220 nombres que recibirán la carta documento (que habían completado la mayor parte del trámite para jubilarse menos el cese) abarca a una jueza de la Corte, Highton de Nolasco, que se quedó en el tribunal con un amparo después de cumplir 75 años, justo antes de que sus colegas supremas dijeron en un fallo que esa es la edad tope. Highton gana, como la mayoría de los supremos, cerca de 1 millón de pesos por mes y, a diferencia del resto de los jueces y juezas los del máximo tribunal se jubilan con el 100 por ciento del salario. En la nómina hay 5 integrantes de la Cámara de Casación: Eduardo Riggi, Carlos Mahiques, Liliana Catucci, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci. En tribunales dan por hecho que Gustavo Hornos habría iniciado el trámite, lo mismo que el fiscal ante ese tribunal Raúl Pleé. En Casación (que tiene 13 cargos) los sueldos oscilan entre 600.000 y 740.000 pesos. La jubilación es el 82 por ciento móvil.
De la Cámara Federal, los destinatarios de la nota de la Anses son el presidente Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Este último es uno de los jueces que integra ese tribunal por el mecanismo de traslado que utilizó el gobierno de Mauricio Macri, pero debería dejar el cargo cuando termine el concurso porque no se presentó para rendir examen. Irurzun hoy cobra 682.000 pesos y su colega 642.000. De Comodoro Py aparecen otros nombres conocidos, como el de la jueza federal con competencia electoral María Servini y el fiscal, también electoral Jorge Di Lello, y el célebre Carlos Stornelli que inició también los trámites. Hay camaristas de todos los fueros, entre ellos Ricardo Recondo, camarista civil que también es consejero de la Magistratura, Gustavo Bruzzone y Héctor Magariños, de la Casación nacional, Alberto Seijas y Marcelo Lucini de la Cámara del Crimen, Jorge Morán, del fuero contencioso administrativo, están las dos camaristas del caso del concuro de acreedores del Correo Argentino, Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y la jueza de primera instancia de ese expediente, Marta Cirulli.
Las quejas bombardearon todo el día al Consejo de la Magistratura y la Asociación que nuclea a magisrtrados/as tuvo una primera reunión y este jueves hará otra para definir, como suele hacer ante decisiones que les podrían ser desfavorables, una estrategia de judicialización, que ya habían intentado cuando salió la ley que modificó el régimen de privilegio.
