La decisión de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun beneficia a los exministros de Transporte, Guillermo Dietrich; de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Energía, Javier Iguacel, y al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
Iguacel, Dujovne y Dietrich fueron favorecidos por dos jueces de buena sintonía con el gobierno de Mauricio Macri.
La Cámara Federal porteña declaró la nulidad de los procesamientos de Dietrich, Dujovne, Iguacel y Saravia Frías, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.
La decisión que beneficia a los exfuncionarios macristas fue tomada por los jueces Irurzun y Bruglia, magistrados de buena sintonía con el gobierno de Mauricio Macri. Bruglia es uno de los jueces cuyo traslado a la Cámara Federal, dispuesto durante la gestión de Cambiemos, está siendo investigado por el Senado de la Nación. El Consejo de la Magistratura consideró que en su caso no se cumplió con los procesos correspondientes.
En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio.
Los procesamientos anulados habían sido dictados por el exjuez Rodolfo Canicoba Corral, quien indagó a cada uno de ellos por videoconferencia durante la cuarentena, por el riesgo de contagio de coronavirus. El juez se retiró de su cargo tras cumplir 75 años.
En el fallo de este jueves, los camaristas consideraron que el juez indagó basándose en documentación que mantuvo bajo reserva, sin poder ser vista por los acusados, que no pudieron tener una correcta defensa.
"Si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas, se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. El procesamiento así dictado es nulo", evaluaron los jueces.
Los delitos por los que fueron procesados son los de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, con embargos que alcanzaban los 100 millones de pesos.
Ahora, la causa volverá a primera instancia y será el juez subrogante Julián Ercolini quien determinará si los vuelve a indagar, teniendo a la vista esa documentación que Canicoba Corral resguardó en su momento.
La respuesta de Canicoba Corral
Tras la anulación de los procesamientos, Canicoba Corral aclaró en declaraciones radiales que "los abogados podían acceder al expediente cuando quisieran" y agregó que "la prueba es irrefutable, se vienen juntando pruebas desde el último semestre del año pasado".
Sobre el argumento de la Cámara Federal de que no pudieron acceder a las pruebas, replicó: “Ellos dicen que no pudieron acceder a toda la prueba. Tal vez hubo problemas por la pandemia, pero siempre pudieron acceder sin problemas". Y consideró que "la cantidad de pruebas es abrumadora".
"A veces se anula cuando no hay argumentos para revocar, se recurre al arbitrio de la nulidad para hacer cesar una medida", enfatizó.
En su resolución judicial, el entonces juez Canicoba Corral se refirió a los contratos de concesión y dijo que se otorgaron en "condiciones absolutamente favorables para las empresas concesionarias, y dan cuenta de claras maniobras delictivas llevadas a cabos por los funcionarios públicos y empresarios intervinientes, quienes violando las leyes y normativas vigentes y persiguiendo fines de lucro para sí o para terceros, incumplieron el deber de resguardo y protección de los intereses del Estado Nacional".
Además, consideró que los funcionarios "fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios, quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del estado".
