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La oposición en Diputados se levantó con el dictamen para limitar el poder de los DNU de Milei

En un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados se firmaron cuatro dictámenes que modifican el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), establecido en la ley 26.122. Falta que sea tratado en el recinto.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA), precisó que hubo un dictamen de mayoría con 36 voluntades, firmado por integrantes de los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para Siempre. Asimismo, hubo tres despachos de minoría, firmados por el bloque de La Libertad Avanza, Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Karina Banfi (UCR).

Con esta iniciativa, la ley 26.122 sancionada en 2006 que fue propuesta por la senadora Cristina Kirchner en aquel momento, estableció que para que un DNU sea derogado por el Congreso, tiene que ser rechazado por ambas cámaras legislativas.

La dictamen elaborado entre las fuerzas que resultaron ser mayoría, establece un plazo de 90 días corridos para que los decretos sean aprobados por ambas cámaras, y en caso de no cumplir con este plazo caduca su vigencia.

Tamién prevé que “cuando los decretos a los que se refiere esta ley sean dictados durante el periodo de receso parlamentario las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”.

Y estipula que «rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.

La diputada Mónica Litza (UxP) consideró que “es un día realmente importante porque hemos podido cumplir con el cronograma que teníamos cuando se emplazó en el recinto a las Comisiones para tratar la ley”. y «explicó que el dictamen de mayoría propone que el plazo para tratar un DNU en el Congreso sean 90 días corridos y que requiere la aprobación de ambas Cámaras para que quede firme.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer (EF) explicó que “la corrección que se está haciendo es la correcta, pero insuficiente”, razón por la cual acompañaría el dictamen en disidencia.

En tanto, la diputada Banfi llamó a “buscar un equilibrio entre pesos y contrapesos que tienen los poderes en la República” y consideró que la norma “hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994, para limitar los excesos del presidencialismo”.

El socialista Esteban Paulón, que integra Encuentro Federal, dijo que en caso que este proyecto fuera ley y el presidente lo vetara, él le tiene “mucha fe en la insistencia de esta ley en la Cámara de Diputados”, pese a haber fracasado la oposición con los vetos anteriores de jubilaciones y universidades.

En ese sentido, interpeló  los legisladores que en el pasado “gritaban desde sus bancas” favor de “la República, la democracia y las instituciones”. “Esta vez seguro van a sumar sus votos para que esta ley quede firme”, agregó.

Desde el bloque oficialista, el diputado Lisandro Almirón (LLA) pidió “no pasar por alto la hipocresía” y “analizar seriamente las cuestiones en las que se ha manejado este instrumento en los últimos años”.

“Quienes consiguieron el dictamen con 36 firmas pareciera que tienen la memoria frágil, incluso la ley 26.122 es de autoría del mismo bloque que hoy está proponiendo un cambio de reglas”, advirtió.

El diputado Fernando Carbajal, en representación de Democracia para Siempre, manifestó que “solamente hay que escuchar a todos los constitucionalistas que han dado testimonio para estar absolutamente persuadidos de que estamos dando un paso adelante para mejorar la calidad de la República”.

La 26.122 “fue siempre una mala ley, porque ha permitido que lo que era una excepción, se convirtiera en una regla”. Hizo un mea culpa de las responsabilidades que personalmente le correspondían y admitió que el Gobierno de JxC utilizó esa ley, admitiendo que si hubo algún intento de reforma, “nunca fue planteada seriamente, porque a cualquier oficialismo le gusta tener el mayor poder político”.

Jorge Enríquez

En tanto, Jorge Enríquez, diputado nacional mandato cumplido, expuso que “no hace falta modificar la ley totalmente, sino en un elemento esencial”. En este sentido, el letrado recordó que como diputado presentó un proyecto “estableciendo la caducidad del DNU si no era aprobado expresamente por ambas Cámaras en el plazo de 90 días”.

Por su parte, el constitucionalista Maximiliano Toricelli dijo que la “ley tiene serios déficits y demostró que no funciona”. “Es el momento de hacer un cambio, la sociedad está requiriendo consensos básicos para ver qué tipo de República queremos, de qué manera vamos a legislar y qué vamos a dejar para la posteridad”, argumento Toricelli.

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