En una presentación ante la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia acusó a la fuerza provincial de abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales y tentativa de homicidio.
La Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que tiene como titular a Horacio César Pietragalla Corti, denunció a las fuerzas de seguridad salteñas que intervinieron en la represión el martes último en los asentamientos de los barrios San Calixto y Ampliación Parque La Vega. La denuncia quedó asentada este jueves en la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia y es por abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales y tentativa de homicidio
La delegada en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos nacional, María Martínez Morales Miy, recorrió los asentamientos el miércoles y relevó alrededor de 20 testimonios de personas lesionadas tras la represión policial. La funcionaria contó a Salta/12 que vieron muchos heridos pero no todos quisieron hablar por temor a represalias. Manifestó que la policía usó balas de goma y de plomo, además de gas lacrimógeno.
Desde la Secretaría relevaron que el pasado 20 de mayo alrededor de 1.100 familias, aproximadamente 3.000 personas, se encuentran habitando los terrenos fiscales conocidos como “barrios San Calixto y ampliación Parque La Vega”, debido a la grave crisis habitacional que atraviesa la provincia de Salta.
Martínez Morales My sostuvo que la noche del martes fue una represión "violenta e innecesaria". Los vecinos le relataron que tuvieron que meter en un pozo de tierra a algunos niños y niñas para protegerles de la balacera y el gas lacrimógeno. Ya Yamila Romero, de la Federación de Organizaciones de Base, había contado a Salta/12 que con las madres habían juntado a los niños para refugiarse en un almacén donde incluso dispararon al portón.
También hubo disparos en un merendero donde intentaban resguardarse otras madres con chicos. La delegada manifestó que pudo ver cómo quedaron las carpas agujereadas tras los disparos de la Policía salteña, "(las personas) no tenían donde refugiarse", señaló. Graficó que en los asentamientos hay 7 ingresos y que la Policía fue rodeando a la gente. Habrían intervenido con unas 20 camionetas y furgones.
La funcionaria dijo que pudo hablar con el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, quien le aseguró que no hubo orden judicial para la represión. Las familias fueron denunciadas por el gobierno provincial cuando se produjo la ocupación. El fiscal que intervino primero fue Pablo Paz, quien había dispuesto una mediación entre las partes. El 21 de mayo en la Comisaria Nº 15, se llevó a cabo una audiencia con el fiscal, el auxiliar Diego Villagra, el diputado nacional Juan Emilio Ameri, el comisario Ramón Alejandro Ramos y el delegado de los vecinos, Yuthiel Alderete. El Juzgado de Garantías Nº 3 habría ordenado una medida de no innovar en el terreno. Después la causa pasó al actual fiscal Horacio Córdoba.
Por la directiva de no innovar la Policía permanece en la toma. Martínez Morales Miy informó que denunciaron el control de la fuerza sobre la libertad ambulatoria de quienes están en el asentamiento, que se ven impedidos de entrar y salir, y tienen dificultades para ingresar agua y alimentos.
"Testimonios de varios de los vecinos expresaron que las amenazas e intimidaciones fueron una constante por parte de los uniformados, quienes se referían a los/as vecinos/as de forma despectiva y discriminatoria, burlándose, insultando y en muchas ocasiones llegando a recargar sus armas enfrente de ellos/as a los fines de asustarlos/as y amedrentarlos/as", expuso de la Secretaría en la denuncia.
Ni para atención médica
Los vecinos relataron que los policías les impedían el ingreso de agua, alimentos, frazadas, medicinas, e incluso se impidió el ingreso al predio de personal médico ante urgencias como dos fallecimientos y cuatro nacimientos que ocurrieron en este tiempo dentro del terreno.
Basándose en lo expuesto por los vecinos, la Secretaría denunció que la Policía viene realizando requisas ilegales y violentas, en muchas ocasiones obligando a las mujeres a levantarse sus ropas a los fines de “constatar” que no ingresarán nada al predio, como si esto estuviese prohibido.
En este contexto de tensión, la gente de la toma dio testimonio de que el 26 de agosto, en la mañana se produjo un episodio de violencia verbal y algunos forcejeos entre una vecina que intentó ingresar una tarima del tipo pallet que son utilizadas como leña para preparar los alimentos, y fue interceptada por uno de los policías que le dijo que “si querían ingresar la tarima debían desarmarla y despedazarla para que ellos pudieran comprobar que era para leña”.
Ante esta situación, la vecina les contestó que no contaban con las herramientas necesarias para llevar a cabo tal cometido. Entonces la comisaria a cargo, de apellido Flores, llamó a miembros de Infantería y otros refuerzos. Cuando llegaron, se fueron agrupando alrededor del predio, pese a que el episodio de la leña ya había concluido.
A eso de las 21, otra vecina intentó entrar al predio con un cartón por el vallado Nº 4, donde se le negó el ingreso. La mujer explicó a los policías que su colchón estaba mojado y que utilizaría el cartón para resguardarse del frío del piso y pidió que "por favor" tuvieran en cuenta que es discapacitada y de casi 70 años de edad. Pero los policías se mantuvieron en la negativa, y le quitaron el cartón con ayuda de los uniformados del vallado N° 5. Según testigos, en medio de ese forcejeo por el cartón, un policía le propinó un golpe de puño a la mujer, que quedó tendida en el suelo. Esto generó que otras vecinas intervinieran tratando de defenderla. Fue en ese momento que varios policías comenzaron a dispararles con balas de goma.
Al escuchar los balazos, varios hombres trataron de defender a las mujeres con lo que encontraban a mano. La escalada violenta se acrecentó con el lanzamiento de gases lacrimógenos y el disparo de proyectiles 9 milímetros, según relataron testigos a Martínez Morales Miy. La represión policial se extendió por más de una hora, y de los testimonios de varias de las víctimas se desprende que cesó porque “se quedaron sin balas”.
Los testigos expresaron también que le suplicaban a la comisaria Flores que ordenara que se detengan, ante la cantidad de personas heridas, entre niños y niñas, mujeres embarazadas y ancianos y ancianas, pero no hubo respuesta favorable.
Los vecinos y vecinas dijeron a Martínez Morales Miy que después de la represión arribó un sólo móvil de ambulancia para atender a más de cien personas heridas, y que el personal de salud tenía la orden de que quienes no se identificaran no reciban ningún tipo de atención y que además debían trasladarse al hospital.
La Secretaría de DDHH nacional planteó que se arribó a la represión por decisión de las propias autoridades de la fuerza o de sus responsables políticos, lo que debería esclarecerse.
"Ni el Estado provincial ni nacional pueden omitir lo que ocurrió. Es algo que puede volver a pasar. Hay que bajar los índices de violencia de la Policía, no puede haber este aval", advirtió la delegada.
El Frente de Todos en Salta emitió un comunicado de repudio a la política represiva del gobierno, "que una vez más arremetió con palos, balas y gases contra familias salteñas". El FdT exigió el cese de la represión, y que se convoque a un "diálogo democrático con las organizaciones políticas y sociales".
También exigió la remoción inmediata del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, "un militar negacionista que ya ha demostrado cuál es su elección: el uso de la fuerza represiva antes que el diálogo o el diseño de políticas públicas en seguridad que incluyan la compleja trama social de la pobreza en la que vive la mitad de la población salteña".
