El referente de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, Marcos Wolman, sostuvo en diálogo con Conclusión, que la lucha de los jubilados «se inició cuando en la presidencia de Carlos Menem, se aprobó en el Congreso la privatización del sistema provisional”. «Milei quiere liquidar a jubilados y trabajadores con una ley que le dio el Congreso», disparó.
«Atravesamos una situación gravísima, el haber jubilatorio de octubre es de 230 mil pesos al que se le suman los 70 mil pesos de un bono y eleva el ingreso a 307 mil pesos, cuando la canasta básica de una persona mayor que mide hace más de doce años, la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que las necesidades básicas de una persona mayor en el mes de octubre es de 912 mil pesos», planteó.
Es decir que «el haber jubilatorio que recibe más del 60% de jubiladas y jubilados, es la tercera parte de las necesidades básicas, esto determina que no se puede vivir con eso y que la inmensa mayoría vive en medio de privaciones».
Para Wolman, «la lucha sigue siendo por un aumento de emergencia, y fondos necesarios provenientes de las grandes ganancias que tienen los grandes grupos económicos de nuestro país, que son los que defiende el Gobierno y que lleva esta situación a un grado que no tiene fin, porque el objetivo del gobierno con el veto – que significó un pequeño aumento- tampoco era lo necesario, 17 mil pesos que fueron negados con la participación algunos diputados que aceptaron esta postura del gobierno».
«La mayoría de las y los jubilados se encuentran en la disyuntiva de alimentarse o comprar los remedios. Nosotros marchamos todos los miércoles, hay 5 millones y medio de afiliados que aportamos desde que comenzamos a trabajar hasta el fin de nuestros días. Sin embargo, esto esta intervenido por los gobiernos de turno» y precisó que «desde el año 1971 que se creó el Pami, hoy podemos contar 10 años, donde 6 de ellos, fueron de acuerdo a la ley y el resto para poder funcionar en recomposición. Todos los demás estuvo intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional».
Los 17 mil pesos fueron negados con la participación algunos diputados que aceptaron esta postura del gobierno en el Congreso
Wolman, expresó que «la lucha sigue, lo hacemos por la unidad mas amplia para garantizar aumento de emergencia y el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo».
Respecto de la represión que sufrieron por reclamar, manifestó «hubo compañeros que terminaron internados en hospitales, porque la demanda que hacemos todos los miércoles les molesta, no lo admiten, consideran que no debemos hacerlo«, y señaló que «esta política represiva de Patricia Bullrich es acorde de un plan del gobierno que liquida a los jubilados y la clase trabajadora, con la ley base en la mano y el DNU, que termina con la inmensa mayoría del pueblo en la pobreza y la indigencia».
