“Las personas que vendían las armas de fuego inescrupulosamente, por una codicia, y quienes luego las desviaban a las bandas criminales, son en parte responsables del ciclo de violencia de esta ciudad”, dijo este viernes el fiscal Gastón Ávila, luego de la imputación a ocho personas por el delito de asociación ilícita y venta ilegal de armas de fuego.
Los acusados fueron identificados como Paulo Jorge F., Daniel Marcelo G., Javier Alberto H., Marcelo Alejandro L., Mauricio Antonio LG., Falvio Santiago P., Lucas Adrián P., y Rodrigo Miguel S., según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
“Hace dos meses atrás habíamos imputado a doce personas que habíamos dicho hacían de prestanombres para comprar armas de fuego y que esas armas de fuego después se desviaron al mercado ilegal”, dijo Ávila en declaraciones a la prensa. “Y avisamos -continuó- que era el primer paso de una investigación mucho más grande que iba a tener continuidad y que tenía en la mira también a la armería y a otras personas”.
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Los acusados fueron detenidos la semana pasada en varios allanamientos realizados por la policía. Entre ellos, hay un gestor, un empleado, el hijo de la dueña de una armería y también un médico psiquiatra, un instructor de tiro, un prestanombre y una persona que estaba prófuga y fue arrestada en San Luis.
“Lo que pudimos determinar es que este circuito de armas de fuego estaba muy aceitado, que había dos personas que se dedicaban a captar gente que tuviera necesidades económicas y les ofrecían dinero a cambio de hacerse la credencial de legítimos usuarios”, explicó el fiscal.
Para eso, los llevaban a un médico “que no cumplía con ninguna de las exigencias que el protocolo del ANMAC le exige a los médicos para poder declarar el apto de una persona”, sostuvo Ávila, y brindó como ejemplo que una de las personas no veía bien de un ojo y otra no escuchaba de un oído. “El instructor de tiro también, con total liviandad, declaraba que tenían idoneidad en el manejo de armas de fuego. Todo esto producto del arreglo económico que tenían con las dos personas que captaban a los prestanombres”, detalló.
¿Adónde iban las armas?
Según explicó el fiscal durante una rueda de prensa, “tanto estas personas que captaban prestanombres como la gente de la armería, tenían conocimiento de que finalmente esas armas iban a parar a distintas agrupaciones criminales”. Entre ellas, durante la investigación se pudo acreditar que al menos parte del armamento adquirido en forma ilegal estaba destinado “a la asociación ilícita liderada por Luciano Cantero”, señaló.
Luciano Uriel Cantero, alias “Lucho”, es un joven que está detenido desde hace dos años y es hijo del asesinado líder de la banda narcocriminal Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero. Está imputado por conformar junto a su novia y su madre, Lorena Verdún, una asociación ilícita destinada cometer múltiples delitos. A fines de noviembre fue condenado a 6 años de prisión por intimidación pública -al filmarse disparando al aire desde el techo de una vivienda junto a otras personas- y por tenencia ilegal por el arsenal que le secuestraron en su domicilio cuando fue allanado por la policía.
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“Ya en enero de 2022 hubo un procedimiento muy grande donde se le secuestra un arsenal a Lucho Cantero y la gente de la armería, según pudimos recuperarlo de los teléfonos celulares, se preocupa porque identifican dentro de ese arsenal una de las armas que tenía unas características muy específicas, modificaciones en un arma que le hacían muy única”, contó Ávila.
De acuerdo a los audios que pudieron recuperar los pesquisas de los teléfonos móviles secuestrados a los detenidos, “empiezan a hablar con estas personas encargadas de captar los prestanombres, a ver qué era lo que estaba pasando”.
A partir de ahí, “a esas mismas personas le vendieron más de 70 armas de fuego y muchas de esas armas creemos que fueron a parar a la asociación ilícita de Lucho Cantero”, insistió el fiscal, para agregar que de que el armamento vendido poseía “un plus” al tratarse de armas nuevas, que por esa razón se pagaban “dos o tres veces el valor del mercado legal”.
“Esa era la ganancia que sacaban con la venta de las armas y de las municiones. En este circuito nosotros hemos podido detectar más de 200 armas de fuego”, abundó el representante del MPA.
