Pescadores rosarinos pidieron que el Concejo Municipal cree un puerto de fiscalización en el punto donde el arroyo Ludueña desemboca en el Paraná. Se trata de un proyecto integral, que no solo busca que se controle la cantidad y el tamaño de las especies que se extraen del río, sino que también regula la recaudación impositiva y propone impulsar una feria turística y gastronómica, donde se ofrezcan productos sin intermediarios y a menores precios.
En diálogo con Conclusión, el pescador Edgardo Orellano, quien este martes expuso algunos puntos de la iniciativa en la comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo, detalló: “Al proyecto lo presentamos en el 2020. En Rosario no hay puerto de pescadores, entonces todo el pescado sale en negro, no paga impuestos. Los trabajadores no tenemos acceso a la costa, que está prácticamente privatizada, y el isleño no tiene dónde dejar la canoa para venir a la ciudad ante una emergencia”.
El integrante de la Asociación Civil “Carlos Bocacha Orellano” también recordó que, en base a la ley Nº 12.212, que regula la pesca en Santa Fe, lo recaudado en los impuestos de la actividad debe ir destinado a un fondo de emergencia, que se usa para subsidiar a los pescadores en épocas de veda.
“Si el Estado hubiese fiscalizado todos estos años, los pescadores tendrían un fondo grandísimo depositado en el banco para poder afrontar momentos en los que no se pesca nada. Ahora, entre noviembre y enero, viene la época en donde el pescado se empieza a reproducir, y ya pedimos una veda de tres meses con un subsidio no menor a $500.000 por familia, que quedó corto, ahora tendríamos que estar hablando de $700.000 u $800.000. Nos dicen que no saben de dónde sacar esa plata, pero tenían que blanquear la venta. Decidieron no tener puerto de fiscalización, exportar el sábalo en negro, darle todas las de ganar a los frigoríficos y a las guarderías náuticas”, advirtió Orellano.
En cuanto a la infraestructura que se necesitaría para llevar a cabo dicho puerto, el pescador precisó: “La obra estaba, era una bajada pública, pero la empresa que está ahora ocupando ese sector la tapó. Después se necesitaría una casilla, un conteiner, para la fiscalización”. Además, recordó que en la provincia hay 4.600 familias que viven de la pesca, de las cuales 400 residen en Rosario.
Sobre la fiscalización, Orellano explicó: “Permitirá llevar el control de la cantidad que se pesca, qué especies y tamaño, abriríamos el mercado interno, la guía saldría desde el puerto de pescadores y no desde un frigorífico, las demás provincias podrían venir a comprar pescado a Rosario, ahora no lo pueden hacer por la Ley de Tránsito Federal y poque los frigoríficos deciden a quién venderle y a quién no, ellos ponen los precios de compra y venta. El pescado que pagan $500 el kilo lo venden a $5.000, el pescador se muere de hambre y el que quiere comer pescado no lo puede comprar”.
Y agregó: “Sin intermediarios, los pescadores podríamos vender el pescado a $2.000, para nosotros es una fortuna y para el que lo compra es una ganga, nos beneficiamos todos. El pescado para consumo interno tiene que tener más de tres kilos, el doble de lo que se requiere para frigorífico. Así, también dejaríamos que el pescado se críe”.
El pescador explicó que actualmente, de lo que se recauda a través de la fiscalización de la pesca, un 30% va al Gobierno de Santa Fe, mientras que el 70% restante se destina a la Municipalidad, que debe depositarlo en un fondo para pescadores. No obstante, el proyecto propone algunos cambios en estos números: “La idea es que la provincia se lleve un 30%, el municipio un 30% y lo use para hacer otras cosas, y un 40% quede para los pescadores. Es un incentivo para que el Estado esté interesado en controlar. Además, el 40% va a estar seguro para los pescadores, porque hasta ahora del 70% nunca vimos un centavo. Los únicos que ganan hasta ahora son cuatro vivos que compran en negro, declaran diez y venden mil y evaden todos los impuestos, no sé cómo hacen para exportar y blanquear esa mercadería”.
Orellano aclaró, además, que los pescadores están empadronados y tienen diversos carnets y licencias, documentación que podría ser de carácter obligatorio para utilizar las instalaciones del puerto y acceder a la fiscalización.
Propuesta turística
Además de promover la fiscalización de la actividad, el proyecto apuesta a la conformación de un paseo turístico, cultural y gastronómico, donde no solo se ofrezca pescado recién extraído, sino que además puedan disfrutarse de platos típicos del río ya cocinados.
También se contempla la creación de una feria para que artesanos, emprendedores y productores regionales comercialicen sus productos –como miel, huevos, frutas y verduras–, y se monte un escenario que permita la realización de peñas y festivales, y donde los artistas rosarinos encuentren condiciones dignas para actuar. “Se generaría un montón de empleo y se abarataría todo, porque se saca a los intermediarios, la gente iría y compraría directamente al que produce”, señaló Orellano.
Presente difícil
Con cinco años de sequía, donde el Paraná registró bajantes históricas, el pescador habló del presente de la actividad: “No está saliendo nada, los muchachos no salen a pescar. Hasta hace poco estaban sacando taruchas en las lagunas, donde queda un poco de agua. Pero en el río no sale nada porque con los tamaños de nuestras redes, que son mínimo de 16 centímetros entre nudo, los peces pasan de largo, no hay especies grandes”.
En este sentido, apuntó que el Gobierno provincial debe “ordenar que no se haga depredación y que no se pesquen con mayas de 10 centímetros sabalitos de 900 gramos, que también mata a la boguita, los doraditos y los surubicitos”.
Para Orellano, la falta de pescados grandes se debe a la bajante del río: “En los últimos cuatro años el pescado no tuvo dónde criarse, las lagunas están secas. Los empresarios que crían hacienda en la isla han cerrado todas las bocas, han cerrado los arroyos, han hecho terraplenes. Son todos estancieros de terrenos fiscales, las islas son propiedad del Estado Nacional, no se pueden escriturar, vender, alquilar, ni darle un uso intensivo de agricultura o ganadería, lo dice la Constitución y está penado por la ley con prisión, pero acá todo el mundo hace lo que quiere. Son dueños de las lagunas, entran los pescadores a trabajar y los sacan a tiros”.
No obstante, alertó que la solución a esta situación no es inmediata dado que, además de una mejora climática que palee la bajante del Paraná, también habrá que esperar unos años hasta que los peces se críen y adquieran un tamaño adecuado para la pesca.
