La Legislatura de la provincia de Santa Fe le dio sanción definitiva a una ley para garantizar mayor seguridad para los trabajadores de aplicaciones de delivery, mediante un sistema de monitoreo por GPS y botón antipánico que se otorgará a partir de la creación de un registro de repartidores.
En diálogo con Conclusión, el diputado provincial Oscar ‘Cachi’ Martínez, impulsor del proyecto, señaló que “es un programa que puede ser un modelo de toda la Argentina” y que surge a raíz de que hoy “los deliveries se han convertido en el cajero automático del delito”.
Esta última expresión se debe a que los repartidores “tienen la moto, tienen el celular y llevan plata en efectivo, una caja chica (porque cada venta de hamburguesa o de pizza que te hacen, ellos tienen que pagarla y después cobrarle al que lo recibe)”, por lo que terminan siendo un blanco para los delincuentes.
En ese sentido, Martínez expresó que la sanción es “una enorme satisfacción, después de tres años de lucha por un reclamo legítimo de este grupo de trabajadores que simplemente están pidiendo que no los roben o no los maten” y “que el Estado provincial ayude a garantizar la seguridad que debería brindar”.
La iniciativa surgió a raíz de los propios trabajadores, que reclamaban por mayor seguridad al denunciar que en los últimos años “no hay respuesta de las fuerzas policiales ni de los fiscales cuando se producen los hechos delictivos sobre los deliveries”.
Asimismo, remarcó la necesidad de “proteger este sector de la población que a través de estas aplicaciones ha conseguido tener una ocupación, y que está en una situación de enorme precariedad”, ya que “mayoritariamente son gente joven, que pagan el monotributo, un seguro del vehículo, un seguro de responsabilidad personal y tienen que poner la platita para poder recorrer las calles porque tienen que tener una caja chica y es responsabilidad de ellos”.
Lo mismo surge cuando le roban su medio de transporte ya que “en muchas ocasiones ha sucedido que les han robado la moto o la bicicleta cuando todavía no la han terminado de pagar”, lo que “no solamente les afecta patrimonialmente, sino que les sustraen su herramienta de trabajo”.
“Si esto se implementa, es un modelo que puede replicarse o servir de herramienta para aplicarse en otras provincias. De hecho, cuando nosotros presentamos el proyecto tuvimos varias consultas de legisladores de otras provincias que pretendían tomar como antecedentes nuestra iniciativa, porque lo cierto es que también este es un fenómeno que se produjo a partir de la pandemia, donde estos servicios de delivery se expandieron y producto de las aplicaciones, y es una materia que no estaba regulada ni atendida por parte del Estado”, reflexionó.
En qué consiste la ley
Lo aprobado por la Legislatura es un “Monitoreo Informático Permanente” que consta principalmente de tres etapas de aplicación.
Por un lado, se prevé la confección de “un registro de trabajadores y proveedores independientes de servicios de reparto de todo tipo de productos a domicilio, formato delivery, mediante aplicaciones móviles”, a lo que luego se le asignará a cada inscripto un dispositivo GPS “a los fines de monitorear de manera permanente su geolocalización en los horarios de trabajo”.
En paralelo, se creará “un sistema informativo de monitoreo informático permanente de las actividades de dichos trabajadores y proveedores independientes”, y con estos datos también se confeccionarán “estadísticas adecuadas priorizando el trazado de hojas de ruta del flujo laboral (horarios picos, distribución geográfica del flujo dentro de cada ciudad, tiempos promedios) a fin de coordinar esfuerzos y recursos en pos de una mayor eficiencia en la prevención del delito”.
Por último, se creará también “una central de denuncias con botón anti-pánico ante cualquier situación sospechosa, para que pueda ser abordada de manera inmediata”, como así también “uno o varios canales de denuncia anónima para delitos vinculados a las actividades y los trabajadores”.
Sobre esto último, ‘Cachi’ Martínez explicó a este medio que dentro de esta ley también está previsto “habilitarles la posibilidad de que puedan colaborar estando ellos en el ámbito del espacio público con denuncias que los afecten o que afecten a la ciudadanía, porque justamente es multiplicar los ojos a la hora de garantizar seguridad en el ámbito de la provincia”.
El camino hasta la sanción definitiva
La aprobación definitiva por parte del Senado provincial llega después de dos años en los que el proyecto llegó a tener dos medias sanciones, numerosas reuniones y promesas fallidas de pruebas piloto.
Al ser consultado por la demora, si bien dentro de ello remarcó que “el Senado tiene sus tiempos”, el dirigente del Frente Renovador recordó que el ex mandatario Omar Perotti “había quedado comprometido a hacer una prueba piloto (del sistema) con 300 casos en Rosario y 200 en Santa Fe que nunca se llevó adelante”, en un compromiso que “había sido no solo con los chicos de los delivery, sino también con las asociaciones de víctimas que acompañaron siempre el reclamo, ya que era una de las problemáticas de la inseguridad que no estaba siendo atendida”.
“En la gestión de Perotti charlamos con numerosos ministros para poder avanzar, pero nunca el ex gobernador le dio las autorizaciones para poder ejecutarlo”, señaló Martínez, que ahora tras esta sanción espera “que el gobernador (Maximiliano) Pullaro lo promulgue y se implemente”, a lo que continuó: “Si bien eso todavía no sucedió, yo espero que el Gobernador actúe de esa manera, porque de hecho él votó favorablemente las dos medias sanciones que habíamos logrado en la Cámara de Diputados cuando él era uno de los integrantes del cuerpo”.
En ese sentido, además, insistió en que “el gobernador tiene la oportunidad de implementar un programa que puede ser un modelo de toda la Argentina, que sea una política de Estado” y espera “que no se neutralice la posibilidad de avanzar en este sentido solo porque el autor sea de otro signo político”.
“Y tiene los recursos, porque independientemente de lo que establece la norma, que es destinar las multas que se llevan adelante sobre las aplicaciones, también tiene una Ley de Emergencia en materia de seguridad que le da amplias facultades para poder dar respuesta a este tema”, recordó.
Cómo se va a financiar el sistema
Uno de los aspectos interesantes de la ley tiene que ver con la forma en la que se financiará el sistema. Al respecto, el legislador detalló que ese fondo se compondrá del 100% de lo recaudado en multas por parte de las apps de delivery, como así también eventualmente de otros aportes provenientes de rentas generales (con los impuestos que las aplicaciones pagan).
De igual manera, también recordó que en el proyecto original se había “planteado que se grave con ingresos brutos a las empresas” y no solo las multas.
Sin embargo, legisladores del hoy oficialismo provincial transformaron esa parte de la iniciativa “porque decían que la provincia de Santa Fe no podía ser artífice de la creación de nuevos impuestos”.
