Un total de 1,4 millones de hogares perderán los subsidios a la electricidad y el gas, porque no completaron el registro para seguir recibiéndolos, a pesar de que tienen el beneficio de la tarifa social. Estos usuarios no ingresaron los datos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Por ahora, el gobierno analiza lanzar una nueva campaña de información para que lo hagan, pero los aumentos llegarían a partir de noviembre.
Sin embargo, apenas el 18% de los hogares elegibles han completado el trámite. Solo se han inscripto unas 300,000 familias de las casi 1.7 millones que tienen derecho a mantener el subsidio, según un porcentaje correspondiente a los datos de la Secretaría de Energía de la Nación. La posibilidad de ingresar los datos al RASE se abrió en junio por 60 días y en agosto se extendió por otros 30 días hasta el 4 de septiembre.
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Desde entonces, la Secretaría de Energía está analizando los pedidos que se hicieron. Es que el gobierno de Javier Milei avanza en una “depuración” de algunos beneficiarios que, entiende, no necesitan recibir asistencia del Estado para afrontar el pago de sus facturas como parte de la hoja de ruta de ajuste fiscal.
La gestión de Alberto Fernández puso en marcha en 2022 la segmentación tarifaria por la que todos los usuarios debían anotarse en el RASE o perderían el subsidio. Allí se dividió a los hogares en altos ingresos (Nivel 1 que no recibe subsidio), Ingresos bajos (Nivel 2) e Ingresos Medios (Nivel 3). Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5 millones, los N2 son 8,3 millones y los N3 son 2,8 millones.
La Resolución 90/2024 de Energía contempla que quienes no cumplan con el trámite serán catalogados como N1 y, categoría que no contempla subsidios, por tanto, perderán el subsidio a la electricidad. Por otro lado, la inscripción al RASE aún permanece abierta. En el caso del gas, el ente regulador (Enargas) cuenta con mayor información porque la subvención se otorga a nivel nacional, por lo que el Gobierno cuenta con más herramientas para “depurarlo”.
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Las medidas del Gobierno nacional buscan también alinear el calendario de aumentos tarifarios con la planificación económica general. De hecho, el tercer retraso en las audiencias públicas para ajustar tarifas responde a las arteras circunstancias inflacionarias que afectan el país. El impacto que tiene la inflación sobre las tarifas ya se había mencionado en reuniones del Ministerio de Economía y Energía.
