El juez federal Ariel Lijo, quien fue propuesto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenó que la Secretaría de Derechos Humanos mantenga las actividades y los trabajos de mantenimiento e investigación en cuatro ex centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron durante la última dictadura cívico militar, los cuales actualmente son sitios de Memoria.
En la resolución, Lijo requirió que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -que depende del Ministerio de Justicia y es dirigida por Alberto Baños- “arbitre los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria que funcionan en los ex centros de detención y tortura ‘Olimpo’, ‘Club Atlético’, ‘Automotores Orletti’ y ‘Virrey Cevallos’ permanezcan en funcionamiento”.
En esta línea, el magistrado solicitó que se mantengan las actividades que los diferentes espacios de memoria ofrecen a público y que se realicen los trabajos de mantenimiento, conservación, preservación y limpieza diaria de los edificios. Además, especificó que deben limpiarse las canaletas y los techos para evitar inundaciones, que deben fumigarse los sitios, preservar los archivos y que se tienen que continuar las tareas de investigación y coordinación pedagógica.
La decisión de Lijo se dio a raíz de un requerimiento impulsado por la legisladora porteña de Unión por la Patria y presidenta de la comisión de Derechos Humanos Victoria Montenegro, quien recuperó su identidad en el 2001. La funcionaria había pedido que se proteja a los sitios de Memoria y había denunciado penalmente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por los despidos registrados en estos espacios.
Tras conocerse la resolución judicial, Montenegro expresó en sus redes sociales: “La justicia le ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos que garantice el funcionamiento de los sitios de memoria. Muchas de las tareas estaban afectadas por los cientos de despidos que decidieron Alberto Baños y Mariano Cúneo Libarona. Frente a la avanzada de este gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
En lo que va de la gestión de Milei, se registraron cerca de 250 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Sin ir más lejos, en los últimos días unos 90 empleados del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), fueron relevados de sus funciones y se les ordenó “guardia activa” en sus respectivos domicilios.
Lijo, por su parte, está interesado en conseguir apoyos dentro de la Comisión de Acuerdos del Senado, donde debe tratarse y aprobarse el dictamen con su nombramiento para integrar la Corte Suprema de Justicia. Una vez cumplido este paso, la designación deberá debatirse en el recinto de la Cámara alta y ser aprobada con dos tercios de los votos, para lo cual es indispensable el apoyo del Partido Justicialista (PJ).
En la Ciudad de Buenos Aires hay cinco espacios de memoria que tienen relación directa con el Gobierno nacional: la Esma, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.
De estos sitios, algunos se encuentran en una situación crítica. Referentes de Derechos Humanos y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que el centro de Virrey Cevallos corre riesgo de cerrar, dado que se quedó sin trabajadores; mientras que el Olimpo perdió a dos tercios de sus empleados.
