Este miércoles, fueron desmantelados dos inmuebles ubicados en Sánchez de Thompson al 100 bis y al 200 bis. Se trata de dos departamentos del Fonavi de Grandoli en la zona sur de la ciudad de Rosario que estaban vinculados con la venta estupefacientes y balaceras instigadas desde la cárcel.
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el primero de los departamentos está vinculado a Carla Priscila Andino, esposa de René Ungaro (jefe narco e instigador de varios crímenes resonantes de la ciudad). En ese mismo inmueble, se hallaron 10 kilogramos de cocaína.
En tanto, en el otro departamento, hace unos meses se detuvo a un adolescente de 16 años, presuntamente involucrado en el ataque al colectivo de la línea la línea 146 ocurrido el 5 de septiembre en barrio Tablada, y de dos adultos que se encontraban en posesión de 39 envoltorios de cocaína.
Tras ello y con el correr de los días, la venta de estupefacientes siguió y se demostró que el departamento era regenteado por Carlos Fernández, conocido en el ámbito judicial desde hace muchos años como “Pelo duro”. El departamento había sido usurpado y allí se encontraban a su cargo varios soldaditos; entre ellos, el joven detenido por el ataque al colectivo.
Según informó el fiscal Franco Carbone sobre la balacera al interno 146, la orden se dio desde la cárcel y se trató de una especie de “protesta” por las condiciones de detención del pabellón de alto perfil en el que se encontraba “Pelo duro” en Coronda.
En tanto, por este hecho, el funcionario judicial aseguró que hay cinco personas detenidas e imputadas con prisión preventiva.
Cabe recordar que operativos como este se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales. La inactivación y/o derribos de puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
