Por Jorge Blanco
Los recientes incendios en los bosques patagónicos ponen en el ojo público, una vez más, los conflictos socioambientales y las políticas públicas.
Miles de hectáreas de bosque nativo y de plantaciones forestales arrasadas por el fuego, viviendas y galpones destruidos, cientos de evacuados, pérdida de animales y de una vida humana son algunas de las consecuencias visibles, ilustradas por imágenes impactantes del fuego, de las apresuradas evacuaciones y del trabajo de las comunidades locales en acción frente a la emergencia.
Los incendios son eventos complejos, donde se condensan situaciones estructurales y coyunturales, con efectos que pueden ser devastadores sobre las vidas de las personas, sus bienes más básicos y sobre los ecosistemas, afectando seriamente la biodiversidad; y la composición y dinámicas de los ecosistemas.
Entre las causas de esta problemática hay un amplio conjunto de procesos ecológicos, sociales y políticos que se entrelazan. En particular, en el bosque patagónico hay diversas disputas y tensiones territoriales: avances de la urbanización y de los intereses inmobiliarios, monocultivo de pinos, intentos de expulsión de los pueblos originarios de sus territorios ancestrales, actividades turísticas crecientes, etcétera. Además, en esta coyuntura, se combinan períodos de altas temperaturas, sequías prolongadas y vientos intensos con vegetación fácilmente combustible, aumentando el riesgo de generación de incendios. Lamentablemente, un elevado porcentaje de incendios tiene su origen en acciones intencionales o negligentes, que son un elemento fundamental del inicio de los incendios. Y todo esto agravado por el cambio climático, verificado por la comunidad científica en el planeta.
Las teorías sobre el riesgo ambiental nos enseñaron a preguntarnos sobre la temporalidad de estos procesos. A las preguntas claves sobre qué se hace en la emergencia - los protocolos que se ponen en marcha, los recursos que se activan, la disponibilidad de personal y su preparación para afrontar los eventos - se deben agregar los interrogantes acerca que se hace cuando hay una emergencia y lo que se hará después del evento catastrófico.
La intencionalidad o negligencia en el inicio de los incendios no debe ocultar que estos eventos interpelan directamente a las políticas públicas. Testimonios de pobladores de la región afectada dan cuenta de la insuficiencia de la acción estatal y de los recursos movilizados frente a la magnitud de los incendios. Nos hablan también de la fortaleza de vecinos y vecinas para ayudar en la emergencia.
Según datos del sitio oficial Presupuesto abierto, durante el año 2024 se ejecutó apenas un 26% del total de las partidas disponibles para manejo del fuego, frente a datos de más de 90% de ejecución en años anteriores. Estas partidas se distribuyen entre el Servicio Nacional de Manejo del fuego, que concentra el grueso de los fondos presupuestarios, y que apenas ejecutó el 22% y la Administración de Parques Nacionales, que tiene asignados muchos menos fondos para este objetivo, pero que ejecutó el 95% del presupuesto disponible en este rubro. El proyecto de Presupuesto para 2025 incluía una caída de los recursos asignados, en términos reales, de entre el 31 y el 41%.
Sobre la construcción social del riesgo y sobre el valor de los territorios también hay interpelar a las políticas públicas. El avance de nuevas urbanizaciones y las presiones inmobiliarias cuestionan el alcance de las políticas de planificación territorial. El despliegue de plantaciones forestales de pinos, de combustión mucho más veloz que la del bosque nativo y fuertes consumidoras de agua, interpela las políticas forestales. Las tensiones sobre el acceso y la apropiación de tierras remiten a las limitaciones del reconocimiento de los ocupantes originarios de gran parte de esos territorios. Políticas integrales socio territoriales tendrían que abordar en conjunto estas cuestiones a partir de estrategias de preservación, uso de los bienes comunes y sobre un futuro compartido para la región. Finalmente, otra cuestión esencial es la educación ambiental que supone una fuerte interpelación a los gobiernos nacionales. Una gran paradoja radica en la importancia vital, estratégica, material y simbólica de las cuestiones ambientales y el desmantelamiento de iniciativas de educación ambiental integral que tienen el objetivo de promover una participación ciudadana informada y activa en los debates sobre el medioambiente y sus conflictos, en las diversas escalas en las que estos se expresan.
Los actuales incendios en la Patagonia andina muestran la dimensión colectiva del ambiente y de la vida social, la inexcusable responsabilidad estatal en el cuidado de la vida y de la naturaleza, y la necesidad de generar propuestas de presente y de futuro basadas en acuerdos sociales amplios.
*Jorge Blanco es Subsecretario de Políticas Ambientales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA
