Por Randy Stagnaro
Las corporaciones y bancos ahora tienen un poder de fuego político superior al del 10 de diciembre.
El gobierno de Milei cumple hoy tres meses de vida. Su principal acción de gobierno ha sido una descomunal transferencia de ingresos desde los sectores asalariados, de beneficiarios de planes sociales y de jubilados, hacia los sectores vinculados a la producción de artículos de consumo masivo, las finanzas y las exportaciones.
El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) calculó esa transferencia en 1,12 billones (millones de millones) de pesos que salieron de muchos bolsillos empobrecidos hacia pocos enriquecidos, sólo en diciembre. Dados los elevados niveles inflacionarios y los bajos y escasos aumentos salariales de enero y febrero, se puede inferir que esta cifra se repitió en los dos meses siguientes.
Esos ingresos pasaron a los sectores económicos concentrados a medida que aumentaron sus precios. Si bien esos conglomerados también sufren incrementos en sus costos y en los salarios que pagan, la diferencia con lo que juntan por las subas de precios se agiganta en épocas de fuerte inflación. El río revuelto existe y allí el pez más grande se come al más chico, que son el consumidor final y las pymes, obligadas a pagar más por sus insumos y materias primas.
El disparador de esta loca carrera contra los ingresos de la población fue la enorme devaluación del peso, eje del improvisado programa económico mileísta que no previó medidas de contención. Al contrario, el ajuste exacerba el impacto de la suba del valor del dólar.
El dólar recontraalto debía permitir a las exportadoras comprar a valor de pesos devaluados y vender a dólares caros. Pero la suba sostenida de la inflación, cebada por el gobierno con los aumentos de tarifas y la retirada de todo tipo de control de precios, se comió esa diferencia.
Este regreso del tipo de cambio al punto de partida es una amenaza al plan oficial agarrado con alfileres. Conscientes del riesgo, aparecen economistas liberales, muy vinculados a las grandes empresas, que piden que se abra el cepo y el Banco Central rife una parte de sus escasas reservas para que las empresas puedan remitir fondos al exterior en la forma de pago de préstamos, royalties y dividendos. Su idea es que las firmas tomen algo de los dólares antes de que una nueva devaluación los encarezca o los inversores hagan una corrida contra el peso.
Herramientas no les faltan a estos especuladores. El Banco Central emitió una deuda para liquidar las Leliq que es más explosiva que esos papeles inflamables, al punto que podría ser ejecutada en el momento que los acreedores decidan y en forma inmediata. Esos papeles suman la friolera de 20 billones de pesos, el doble del circulante y el dinero que el BCRA le debe a los bancos.
Es decir, el empobrecimiento de la población ha servido para el enriquecimiento veloz de un grupo reducido de corporaciones y bancos que ahora tienen un poder de fuego político superior aún al que tenían el 10 de diciembre.
El otro motivo de preocupación entre los especuladores es el social. La destrucción de los ingresos está llevando al límite la paciencia popular, advierten en forma cada vez más estridente analistas, periodistas, empresarios y el Fondo Monetario. Una movida firme por parte de los sectores laborales podría obligar al gobierno a cambiar de rumbo, aseguran. Ante esa posibilidad, aseguran que ejecutarán esas cláusulas explosivas.
Falta que los propios trabajadores la vean y terminen de imponer en la escena política su pliego.
