Por Hernán Herrera
La Argentina tiene una oportunidad enorme en materia de exportación de hidrocarburos. Pero Javier Milei en base al RIGI y su promoción de privatizaciones nos aleja de ese futuro promisorio. El gobierno de la Libertad Avanza se propuso privatizar empresas públicas desde el inicio de su gestión.
Lo quiso hacer con el DNU 70/2023 pero fue rechazado en el Senado. Volvió a la carga presentando en el Congreso una primera versión de la “Ley Bases”. Allí incluyó nuevamente a las 41 empresas públicas que quería privatizar, pero luego de sucesivas negociaciones debió dejar sólo 9 de aquellas para lograr la aprobación de ésta. Más allá de lo cual ha insistido con la privatización de Aerolíneas Argentinas, mostrando que el tema va más allá de los consensos alcanzados.
Por otro lado, por fuera de la ley Bases, el gobierno concretó la privatización y extranjerización de IMPSA, esta empresa fabrica turbinas y generadores para toda la región, fue estatizada en 2021. El enfoque libertario es correr al Estado de su rol estratégico. Ningún país desarrollado del mundo ha hecho esto en su historia.
El rol de YPF, en la mejora de las exportaciones energéticas, como contra ejemplo de lo anterior, no puede entenderse fuera del contexto de Vaca Muerta, una de las principales reservas de shale gas y shale oil a nivel mundial. La empresa estatal argentina ha asumido riesgos iniciales que el sector privado no estaba dispuesto a tomar, lo que permitió posicionar al país como un exportador neto de crudo no convencional.
Esta apuesta inicial no solo ha generado un superávit en la balanza energética, sino que también ha reducido la dependencia de importaciones de hidrocarburos (para la generación eléctrica), con un impacto directo en la estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, gracias a la realización del gasoducto Néstor Kirchner desde Vaca Muerta hasta la Provincia de Buenos Aires, o gracias a la reversión del Gasoducto Norte, que reemplaza las importaciones de Bolivia.
El potencial exportador de Vaca Muerta no solo se mide en dólares. En 2024, las exportaciones de crudo no convencional superaron las proyecciones, con ingresos de más de 5.000 millones de dólares netos, con una proyección de 7500 millones en 2025, y que podrían alcanzar cifras aún mayores hacia 2030. Pero el verdadero desafío radica en conectar este crecimiento con la mejora del bienestar social. Aquí, el rol de YPF como empresa estatal es fundamental. Su liderazgo en la explotación de recursos no convencionales podría garantizar que los beneficios se reinviertan estratégicamente en el país, promoviendo el desarrollo regional y el empleo de calidad.
En este sentido, la transición energética no es solo una cuestión ambiental, sino también una oportunidad para reconfigurar la estructura económica argentina. La posibilidad de integrar las exportaciones energéticas con políticas redistributivas que eleven los salarios reales y fomenten la igualdad regional depende de decisiones estratégicas.
En este sentido el promedio salarial de 2024 para el empleo privado registrado quedó más de 20 puntos debajo de diciembre de 2015, en términos reales. Modelos internacionales como el fondo soberano de Noruega ofrecen ejemplos claros de cómo la captación de renta de sectores estratégicos puede transformar regiones rezagadas y profundizar inversiones en sectores estratégicos. Ello sin ignorar que cuanto mayor sean las retenciones pedidas o las regulaciones logradas, menor puede ser el ritmo de inversiones. Sin embargo, el óptimo de estas variables parece lejos del RIGI que presenta una inclinación muy grande para las empresas, y muy pequeña para el desarrollo regional, el agregado de valor y las mejoras salariales reales.
El compromiso de YPF con un desarrollo equilibrado se extiende más allá de Vaca Muerta. Iniciativas como YPF Litio, por ejemplo, buscan agregar valor a los recursos estratégicos del país, transformando el litio en baterías y otros productos de alta tecnología, gracias a asociaciones como YTEC que integran al Conicet. Este enfoque no solo permitiría captar mayores márgenes en la cadena de valor, sino también generar empleo calificado y fomentar el desarrollo de capacidades tecnológicas locales. Sin embargo, este proyecto se encuentra amenazado por las políticas de Milei, que promueven la privatización y el desmantelamiento del rol estatal en sectores estratégicos.
Para Argentina, el reto es doble: consolidar su posición como exportador de energía en transición y garantizar que los ingresos derivados de esta actividad se traduzcan en mejoras concretas para su población. Esto exige una conducción estatal que no solo asuma los riesgos iniciales del desarrollo, como ha hecho YPF con Vaca Muerta, sino que también establezca un marco regulatorio que priorice la equidad social y la sostenibilidad a largo plazo. En un país donde las desigualdades regionales son profundas, el modelo energético puede y debe ser un motor de desarrollo inclusivo, liderado por el Estado con una visión clara de futuro.
Alertar sobre la ideología del gobierno libertario, y propiciar la idea de puente entre las rentas futuras y las necesidades actuales es de crucial importancia para pensar esos instrumentos que permitan vivir en una sociedad con mayor calidad de vida.
