Un integrante del Comité Provincial contra la Tortura de Corrientes se encuentra prófugo de la justicia acusado de los delitos de secuestro y extorsión. El hombre cumpliría además alguna función en un organismo de derechos humanos de la provincia del Chaco, provincia donde llegó a cumplir una condena por asalto a mano armada.
Se trata de Daniel César Almirón, de 37 años de edad, quien fue designado por resolución 123 de la Cámara de Diputados y 34 del Senado, ambas del 2020, a propuesta de la Fundación Amaneceres de Esperanza como miembro titular del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes.
Almirón está acusado de haber secuestrado al hijo de una mujer que está detenida y a la que exigía le ceda vehículos y propiedades a cambio de “volver a ver al chico”. Para ambas cosas, el secuestro y para la extorsión, se habría valido de su condición de integrante de la comisión que le permite libre acceso a centros de detención.
El hombre cuyo paradero se trata de determinar ahora, tendría también un cargo de algún organismo o ONG relacionados a los derechos humanos en la provincia del Chaco, donde en su oportunidad fue condenado a 12 años de prisión por el sangriento asalto a mano armada a una distribuidora de lácteos que protagonizó como parte de una banda que encabezaba un ex sub comisario de esa provincia.
Estando ya condenado, fue protagonista de una fuga a la que la Policía de Corrientes le puso fin cuando lo detuvo en el 2006 en una de las calles del barrio de las 1.000 Viviendas. Almirón fue condenado a prisión como participe de aquel asalto y estaba sospechado de ser, además, responsable de otros delitos. Tenía entonces 23 años.
La denuncia con pruebas incluidas del delito del que se lo acusa ahora y por el que está prófugo de la Justicia, habría sido impulsada por una mujer privada de su libertad en relación a un resonante crimen de tres años atrás. La mujer sufrió el secuestro de su hijo y era extorsionada con la cesión de sus propiedades a cambio de volver a ver al chico que, finalmente, fue rescatado de una vivienda del barrio 17 de Agosto, en la capital correntina, donde vive una mujer que al parecer mantenía una relación laboral con Almirón, entre ellas cuidar al menor.
En el comité
Su llegada al Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, se produjo en el año 2020 a propuesta de la Fundación Amaneceres de Esperanza, una ONG que en su página de la red social Facebook se presenta como dedicada a “trabajos sociales, deporte, salud y cultura”, aunque desde hace meses se muestra inactiva en las redes sociales.
Curiosamente es la única ONG no ligada directamente a los derechos humanos que en el 2020 postuló a un representante al Comité. Las otras cuatro organizaciones si están directamente relacionadas al trabajo de los derechos humanos y son de Corrientes, Goya, Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres.
El Comité está integrado por funcionarios de los tres poderes del estado y representantes de organizaciones no gubernamentales ligadas a los derechos humanos y tiene como objetivo facilitar el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. Sus miembros tienen libre acceso a los centros de detención y elaboran anualmente un informe de la situación en Corrientes respecto a las personas privadas de su libertad de quien también están habilitados a recibir denuncias.
Hasta este lunes, Almirón seguía siendo buscado por la Policía Provincial, e incluso se habría pedido colaboración a la Policía de la Provincia del Chaco, donde sería referente de cooperativas de trabajo creadas para beneficiar a liberados de las cárceles de esa provincia donde además tendría domicilio legal fijado.
