La Unidad Fiscal de Derechos Humanos acompañó el pedido de la familia de Pablo Martinelli para que el Poder Judicial dicte un pronunciamiento que establezca que su homicidio ocurrió en un procedimiento fraguado, en el marco del terrorismo de Estado, pese a que fallecieron los dos únicos imputados por el hecho. Fue el 7 de Noviembre de 1976 en la ciudad de Resistencia, a manos de fuerzas conjuntas del Ejercito y la Policía del Chaco.
La titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, dará a conocer mañana la sentencia por el derecho a la verdad en el caso del homicidio del estudiante de veterinaria Pablo Martinelli, ocurrido el 7 de Noviembre de 1976 en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, a manos de fuerzas conjuntas del Ejercito y la Policía del Chaco. La audiencia se realizará a las 11.00 de forma virtual y participarán sus familiares desde el Juzgado Federal de Paso de los Libres, ciudad de la que era oriunda la víctima.
La investigación que llega a esta instancia fue iniciada en 2012 por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, integrada por el fiscales general Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y los fiscales ad hoc Diego Vigay y Horacio Rodríguez.
De acuerdo a la prueba recolectada, se pudo establecer que el 7 de noviembre de 1976 en la calle Santiago del Estero, entre Cangallo y Echeverría, tuvo lugar un operativo de fuerzas conjuntas en el marco del plan sistemático del terrorismo de Estado. En ese contexto, Martinelli fue emboscado con base en una supuesta cita, pautada con un detenido por razones políticas que fue llevado al lugar por las fuerzas represivas.
Martinelli concurrió al encuentro y, advertido del engaño, intentó escapar. Fue perseguido por más de dos cuadras y finalmente fue asesinado por parte del personal del Ejército y de la Policía de Chaco con dos disparos de armas de fuego, uno de ellos en el cráneo. De esta manera, se descartó la versión oficial que hablaba de un "accidente" de tránsito o un enfrentamiento. Si bien la causa tuvo dos imputados, uno de ellos un médico que dio cuenta de la muerte de Martinelli en el marco de un "accidente", ambos fallecieron en los últimos años y no existen otros autores identificados.
Ante esa situación, los hermanos de la víctima, Nora, Luis y Leonardo Martinelli, y su compañera de ese momento, Lilian Lossada, solicitaron que se dicte una sentencia que, en base a toda la prueba recolectada, pueda reconstruir cómo fueron los hechos realmente, que sea reparadora, que les garantice el derecho a la verdad, en su carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, y que pueda contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado argentino.
La Unidad Fiscal acompañó el pedido de los familiares y requirió a la jueza Niremperger el dictado de una sentencia por el derecho a la verdad. Fundó la solicitud en un extenso análisis de doctrina y jurisprudencia local e internacional, tomando como base los juicios por la verdad de los años '90. "Fundamos la pretensión en el derecho a la verdad que asiste a las víctimas y en la necesidad de reparación integral", puntualizaron. En tal sentido, pusieron de relieve que "los responsables identificados en la investigación e imputados en sendos requerimientos de instrucción han fallecido" y sostuvieron que debía hacerse lugar a la petición "ante la imposibilidad de avanzar con el proceso penal con la identificación de otros responsables y el riesgo cierto del archivo" de la causa.
Las ejecuciones encubiertas como enfrentamientos o accidentes de tránsito
La fiscalía señaló que las sentencias del Tribunal Oral Federal de Resistencia en los juicios por la Masacre de Margarita Belén y Ligas Agrarias lograron reconstruir meticulosamente la sistemática de las ejecuciones sumarias a detenidos por razones políticas y su encubrimiento con sumarios policiales o certificados de defunción fraguados que intentaban instalar las versiones oficiales de “supuestos intentos de fuga o enfrentamiento” o “accidentes de tránsito”.
Para la el MPF, la sentencia por derecho a la verdad en el caso Martinelli será un aporte a la reconstrucción del accionar del terrorismo de Estado en la provincia de Chaco y para desbaratar las operaciones de acción psicológica realizadas entonces sobre la sociedad.
