El titular del Juzgado Federal N°2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, dispuso la intervención judicial de la cooperativa Pyramis, cuyos directivos son investigados por intermediación financiera no autorizada, lavado y asociación ilícita, y el embargo de inmuebles, vehículos y dinero en efectivo en diferentes divisas por cifras millonarias.
La medida judicial fue adoptada el 18 de marzo pasado a pedido del fiscal federal Flavio Ferrini y de la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena.
La causa tiene 12 personas físicas y otras tres personas jurídicas imputadas en actividades de intermediación financiera no autorizada (funcionar como un banco sin estar habilitado), lavado de activos y asociación ilícita, además de infracciones al régimen penal cambiario.
En su pedido, Ferrini y Chena indicaron que las firmas fueron "utilizadas como instrumento del delito" y que los imputados "se beneficiaron del producto y provecho del mismo", con la ejecución de "un sofisticado entramado de operaciones financieras, relaciones contractuales y vehículos corporativos que importó la estructuración de la intermediación financiera irregular".
Al hacer lugar a la presentación del MPF, el juez Vallejos resolvió la designación de dos veedores, uno de ellos perito matriculado en el fuero federal y el otro, personal idóneo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para que fiscalicen "la empresa Pyramis por un plazo de noventa (90) días", a cuyo término la medida podrá ser levantada o prorrogada.
Durante la intervención, cada 30 días los veedores deberán presentar informes. El juez indicó que tendrán a su cargo el control de las operaciones que realice la cooperativa y los facultó en ese sentido para solicitar la exhibición de libros y documentación de la cooperativa y requerir información a las oficinas públicas y privadas, escribanos con registro, escribanías y toda otra gestión.
La resolución del juez fue en línea con el pedido de Ferrini y Chena, quienes habían requerido la "intervención judicial con facultades de veeduría" respecto de Pyramis, pues "resulta ser el principal instrumento del que se han servido los imputados para cometer los hechos" y porque la medida se orienta a "hacer cesar la comisión de los delitos y evitar que se consolide el provecho, como de fiscalizar las personas jurídicas e informar al tribunal acerca de la eventual existencia de bienes aún no individualizados que puedan constituir el producto o provecho del delito".
El juez Vallejos consideró razonable el pedido del Ministerio Público Fiscal e indicó que "la medida cautelar solicitada resulta razonable dado que persigue el esclarecimiento de los hechos investigados y el seguimiento de los bienes que habrían servido para cometer los hechos ilícitos que se investigan y de las ganancias que son el producto o provecho del delito; vale decir, no sólo las cosas que se han obtenido del delito, o sea no sólo el producto de él, sino también las cosas obtenidas con ese producto, que pueden ser dinero o bienes en general y que, por la compra o trueque, pueden ser alcanzados por el comiso".
EMBARGOS MILLONARIOS
El magistrado también hizo lugar al pedido formulado por Ferrini y Chena y dictó el embargo preventivo sobre distintos bienes, desarrollado en 25 ítems, que incluyen dos inmuebles en Corrientes y una serie de vehículos: un BMW X6, dos BMW 535 I, un Audi Q5, un KIA Mohave, un Ford Kuga, dos Ford Ecosport, una vw Surán, un VW Vento, un VW Saveiro, una moto Yamaha FZ1S, una moto KTM 990 Adventure, un Mini Cooper S y una Toyota RAV 4 4X4.
Vallejos también dictó el embargo de más de dos millones de pesos en efectivo y bonos, 50 mil dólares; el monto total de una cuenta corriente; y las sumas de dinero que fueron secuestradas en el interior de las cajas de seguridad que se encontraron en el domicilio de la tesorería de la cooperativa Pyramis, que en total suman otros 1,6 millones de pesos y 20 mil dólares.
La medida también incluyó dos cuotapartes [es decir, la participación en un fondo común de inversión]de la firma "Sueños Correntinos SRL" y el contenido de cajas de seguridad del Banco Francés.
Todos los bienes embargados están registrados o depositados en cuentas de diferentes instituciones a nombre de los imputados de la causa.
Al fundar el pedido de los bienes embargados, Ferrini y Chena sostuvieron que "existe la alta probabilidad de que los acusados realicen maniobras tendientes a procurar un desapoderamiento simulado de activos con miras a evitar que ellos sean alcanzados por un futuro decomiso y por la eventual imposición de una pena pecuniaria".
Y explicaron que, por ese motivo, teniendo en cuenta que a esta altura del proceso se identificaron activos concretos de los imputados "que constituyen el producto del delito, corresponde adoptar una medida cautelar que afecte la libre disponibilidad".
"Si bien el período de tiempo en el que se desarrollaron los hechos objeto de investigación no ha sido aún determinado con precisión", aunque "se estableció que el período fue anterior al 30 de abril de 2015", los fiscales indicaron que "lo cierto es que la constatación de que Pyramis tuvo acreditaciones bancarias no justificadas en sus resultados contables ni en la actividad lícita que como cooperativa podía desarrollar al menos desde el año 2005 indica que los activos adquiridos por las imputadas a partir de 2005 pueden presumirse producto de los delitos que ahora se les imputan".
