Un grupo de imputados acordó penas y el proceso continuará con siete acusados y una serie de planteos de nulidad.
Comenzó este martes el juicio a exfuncionarios del Juzgado Federal 1, un grupo de abogados y otro de narcotraficantes, acusados de conformar una asociación ilícita supuestamente dedicada a maniobras de cohecho a cambio de alivios procesales a contrabandistas de Itatí, y cinco de los acusados acordaron penas de entre cinco y dos años de prisión en procesos abreviados convenidos con la Fiscalía, informaron fuentes judiciales.
Quienes firmaron juicios abreviados con el fiscal Carlos Schaefer son los traficantes de marihuana de Itatí, Carlos “Cachito” Bareiro, a 3 años y ocho meses de prisión; Sebastián “Morenita” Marín, a cuatro años y cuatro meses, y Pablo Torres, a tres años y 6 meses.
Asimismo, acordaron los abogados Jorge Vallejos —también expolicía federal— por cinco años y seis meses de prisión, y Omar Serial, a dos años y ocho meses de prisión, que se suman a condenas previas en causas vinculadas a asociación ilícita y narcotráfico por las que ya purga penas de tres y seis años.
En ese sentido, fuentes del Ministerio Público explicaron que, salvo Vallejos, a quien le cabe su primera sentencia, los demás tendrán cómputos de penas, ya que están condenados en otros juicios por narcotráfico, razón por la cual Torres purga una condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco, y Bareiro y Marín, en la prisión de Marcos Paz.
El debate es llevado adelante por el Tribunal Oral Penal Federal de Corrientes, con los jueces Juan Manuel Iglesias (de Chaco), Rubén Quiñónez (de Formosa) y Manuel Moreyra (de Misiones) ante quienes compareció el exjuez Carlos Soto Dávila, sus exsecretarios penales Federico Grau y Pablo Molina, como así también los abogados del foro local Gregorio Giménez, Duylio Barboza Galeano y Tomás Viglione, y el exintendente de la ciudad de Empedrado, Juan Manuel Faraone.
La causa, en la que se investigan las supuestas coimas pagadas por narcotraficantes en busca de alivio procesal, se inició en el Juzgado Federal 12 de la Ciudad de Buenos Aires, por entonces a cargo de Sergio Torres, y recayó en el fiscal Carlos Stornelli junto con el jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, quien a su vez participa de este juicio.
En el inicio del juicio las defensas plantearon una serie de nulidades que se habían presentado en anteriores etapas de la instrucción y de la llegada del caso al tribunal.
Valeria Corbacho, defensora de Molina, planteó la nulidad absoluta de todo lo actuado sobre la base de que el inicio de la causa está basado en “legajos secretos”.
En el mismo sentido, la defensora de Soto Dávila, Mariana Barbitta, planteó que hubo violación al principio de juez natural, pues la causa comenzó a ser investigada en Buenos Aires, así como a lo que denominó la ausencia de pruebas directas: de los ocho hechos que se le imputan al exmagistrado no se desprenden ni evidencias ni escuchas que refieran al supuesto delito. El Litoral
