Una resolución del Inym desnudó la puja de dos modelos de producción: pequeños agricultores versus las empresas yerbateras. El conflicto escaló, tomó carácter de asunto de Estado y llegó a la Corte Suprema.
Una resolución del Inym desnudó la puja de dos modelos de producción: pequeños agricultores versus las empresas yerbateras. El conflicto escaló, tomó carácter de asunto de Estado y llegó a la Corte Suprema.
En junio de 2021 se definió, a través de una votación dentro del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), que desde el 1 de enero de 2022 las producciones de yerba mate no pueden crecer más de cinco hectáreas por año y deben implantar anualmente hasta el 2 por ciento de la superficie actual. De esta manera, la normativa fija un máximo para no generar una sobreoferta, argumentó el Instituto.
Al conocerse la resolución, Misiones salió a defenderla, ya que produce la mayor cantidad de hectáreas, posee en su gran mayoría pequeños y medianos productores y la industria, en su gran mayoría, no se autoabastece. El ministro del Agro y la Producción de dicha provincia, Sebastián Oriozabala, señaló al portal digital Letra P que la medida era necesaria para ordenar y transparentar la producción.
Corrientes salió al cruce y argumentó que la disposición atenta contra la industria. La provincia cuenta con las principales empresas que tienen sus propios yerbales con una mayor espalda para la tecnificación y, además, manejan gran parte del espacio en los supermercados. El ministro de Producción, Claudio Anselmo, aseguró a este medio que «es una visión equivocada que perjudica a la actividad integrada».
Lo que en un principio parecía un mero intercambio de argumentos escaló y el conflicto se judicializó y llegó a la Corte Suprema, aún sin novedades. Extrañamente, fue una empresa misionera la que realizó una presentación en la Justicia Federal de Paso de los Libres, Corrientes. La decisión de La Cachuera SA generó suspicacias entre los productores, parte del arco político misionero e incluso la Justicia de Misiones, que reclamó la causa por ser de su jurisdicción.
«Fueron a Corrientes porque sabían que iban a encontrar apoyo», señaló un dirigente de Juntos por el Cambio de Misiones. El Gobierno correntino también se presentó en esa causa.
Hoy, Misiones domina la producción de hoja de yerba mate con 154.449 hectáreas, mientras que Corrientes produce 23.085. La situación se invierte a la hora de hablar del procesamiento y la comercialización de este cultivo, donde dominan las empresas correntinas.
El conflicto de intereses es de tal magnitud que los gobernadores recogieron los guantes en el asunto. El mandatario de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se puso al frente de la defensa de la medida del Instituto y argumentó que defiende el arraigo rural.
Por su parte, el gobernador Gustavo Valdés hizo lo propio y afirmó su defensa a la industria yerbatera. En el entorno del ministro Anselmo llamó la atención lo rápido que el Inym tomó el reclamo de los productores misioneros y publicó la resolución. «No hubo debate interno. Fue la presión de un grupo de productores», señalaron. El Presidente del Inym es misionero.
CRUZADOS
Ambos ministros intercambiaron charlas e incluso reuniones donde se plantearon esta disputa cara a cara. Después de cada encuentro, las posiciones son las mismas, pero aclaran que están abiertos al diálogo.
Los llamados continúan y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, aún no se refirió al tema públicamente. Su predecesor, Luis Basterra, fue un fiel defensor de la medida.
En Misiones aseguran que hubo un diálogo con Domínguez por esta cuestión y el precio de la yerba mate, mientras que en Corrientes sostienen que no hubo charla formal al respecto.
Fuentes del Ministerio de Agricultura aseguraron que la medida defiende la sostenibilidad productiva y garantiza la cadena de valor. Además, dejaron trascender que la resolución está reglamentando el justo equilibrio de la competencia y resguarda el valor en origen y el empleo local.
La pelota la tiene la Corte Suprema y el arco político sabe lo que significa en cuanto a tiempo. El 1 de enero entró en vigencia la resolución, pero, lejos de poner paños fríos, deja la puerta abierta al conflicto.
