En un hecho que marca un precedente en la Justicia correntina, un juez de primera instancia trabó esta semana embargos por 20 mil pesos a un comisario y a un oficial de la Policía que prestaban servicios en la localidad de Perugorría, a quienes también fueron procesados por el delito de “peculado”, en el contexto de una causa judicial iniciada por una denuncia radicada en 2013 en una fiscalía de Curuzú Cuatiá.
Según dio a conocer El Diario de Curuzú, se trata del comisario Gerardo Medina y del oficial auxiliar Sergio López, quienes están sospechados de haber cobrado 5.000 pesos para liberar a un hombre que había cometido una infracción, por la que lo demoraron en abril de 2003.
Fuentes judiciales confirmaron a NORTE de Corrientes la interdicción de los bienes de los involucrados. “Es un hecho que marca un precedente importante en la provincia de Corrientes, porque se le traba un embargo a dos efectivos policiales acusados de cometer actos que afectan al Estado”, informó un funcionario judicial.
El dinero que habrían retenido los uniformados -$5.000- debía ser depositado en la cuenta del Ministerio de Seguridad de la Provincia, fuente de financiamiento de la Policía. Pero el embargo establecido es cuatro veces mayor que la cantidad de recursos con el que, se sospecha, se apropiaron.
Es que esos $20.000 embargados tomados como garantía de la restitución al Estado del monto que habría sido retenido en forma indebida por los procesados, pero también deberá ser destinado a cubrir los costos del proceso judicial, explicaron fuentes jurisdiccionales.
SOSPECHAS
Funcionarios judiciales explicaron que después que se realizó la denuncia, en 2013, un fiscal citó a los involucrados y el juez interviniente les otorgó la excarcelación. “Uno de ellos hizo uso de su derecho de no declarar”, dieron a conocer fuentes cercanas a la causa judicial.
En tanto “el otro imputado declaró, pero lo que dijo no convenció, y por eso se los procesó”.
Profesionales del Derecho que tuvieron acceso al expediente aclararon que los imputados fueron beneficiados con la excarcelación, nunca estuvieron privados de la libertad y continuaron en funciones. “Incluso uno de ellos sigue trabajando en la misma dependencia donde habrían ocurrido los episodios denunciados”.s
