El contador público, Jorge “Pacho” Bravo, funcionario en el área de Hacienda del Intendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri; fue condenado a dos años y medios de prisión por fraude, tras declararse culpable ante la justicia de haber falsificado recibos de sueldo y hacer figurar guardias truchas.
El escándalo sucedió en la ciudad de Federación donde se realizó el juicio oral y público al ex director del hospital San José, Dr. Alejandro Buchanan y su ex secretario el contador público Jorge “Pacho”, Bravo, quien ejerce su profesión en el gabinete del actual intendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri.
La información fue confirmada por quien los denunció en su momento, el dirigente de ATE, Marcelo Lacuadra, quien comentó que se habían declarado culpables en las acusaciones que pesaba sobre ellos, de fraude en perjuicio de empleados y la administración del hospital San José de la ciudad de Federación y la condena para los dos es de dos años y medio, es decir prisión condicional.
No se descarta que la misma maniobra esté utilizando en la Municipalidad de Monte Caseros ya que Olivieri lo puso en el área de Hacienda y comparte jornadas de trabajo con Quico Vello Y Pablo Sireix.
Olivieri lo puso en el área de Hacienda, al principio como Director de Administración y luego, sospechosamente, no figuraba con ningún cargo, a pesar que concurre diariamente al municipio y ocupa la Secretaría de Hacienda; este dato se condice con el último informe de auditoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia que entre otras cosas dice :
" El equipo de auditores, para poder expedirse sobre las rendiciones de cuentas (.....) habitualmente se traslada a la Localidad para realizar las tareas de campo, en esta oportunidad por razones exclusivamente propias del municipio, dichas visitas no se llevaron a cabo, siendo realizadas las tareas de auditoría, en forma excepcional en sede del Tribunal de cuentas..." " asimismo tampoco, como habitualmente vienen realizando los auditores, se pudo realizar la inspección ocular de las mismas por razones ajenas a los funcionarios del Tribunal de Cuentas.." mas adelante : " existe un problema de legalidad del gasto, fundado en el hecho que el Municipio no ha instrumentado un circuito administrativo, que quede reflejado en los antecedentes de un expediente o legajo; tales como norma legal, orden de compra, libramiento de pago, comprobante de retención fiscal, acta de recepción y/o remito firmado por quien se responsabiliza por los bienes y/o servicios recibidos...." estas y otras observaciones graves dictamina el Tribunal de Cuentas que deja para el final un sugestivo párrafo "Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en las rendiciones y no tienen por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales; por lo tanto no debe suponerse, la inexistencia de otras debilidades que solo un análisis integral hubiese podido poner en evidencia" ..en otras palabras parece decir el Tribunal...BUSQUEN Y ENCONTRARAN DELITOS...
Este informe se suma a sospechas manifestadas por el Concejo Deliberante sobre el destino de más de 13 millones de pesos recibidos del fondo especial de Salto Grande sin que nadie conozca su destino y sin que el Ejecutivo haya informado este ingreso al Concejo.
