Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de la dirigente Milagro Sala evaluó que "el Gobierno no tiene margen para no cumplir la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" (CIDH) que recomendó la prisión domiciliaria para la líder de la Tupac Amaru.
La letrada sostuvo que la resolución del organismo internacional "es histórica" porque "es la primera vez, en 50 años de vida, que dicta una medida cautelar" y consideró que "es una buena noticia para Milagro".
"El Gobierno no tiene margen para no cumplir la sentencia de la CIDH", sostuvo la letrada y subrayó que "la resolución le recuerda al Estado que debe cumplir y para guardar los derechos de Milagro debe adoptar medidas que sean alternativas a la prisión preventiva".
La abogada de la dirigente kirchnerista señaló que "la CIDH no puede decir que Milagro Sala está bien o mal detenida" sino que "lo que dice es que las condiciones de detención tienen afectación a Milagro Sala".
"No hay una sola letra que no diga lo que la defensa viene diciendo hace casi 600 días", agregó la defensora de Sala en declaraciones a Radio 10, al tiempo que afirmó que "la sentencia plantea que las condiciones en el que está detenida demuestran que hay algún tipo de persecución política".
Gómez Alcorta planteó que "no hay forma que uno no acepte la detención domiciliaria" y remarcó que, además, siguen "reclamando que la Corte (Suprema de Justicia) se expida sobre si Milagro tiene fueros (como parlamentaria del Mercosur) y si tiene o no prisión preventiva".
"Evidentemente la Corte estuvo expectante a lo que determinara la Comisión, y nosotros vamos a seguir exigiendo por su libertad porque no hay elementos jurídicos para su detención", concluyó la abogada.
La CIDH reclamó al Estado argentino el último viernes que se adopten las "medidas necesarias a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".
Además, le otorgó 15 días para informar de qué manera se acatará la resolución, que se conoció casi un año y medio después de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Andhes, presentaran la medida cautelar a la que hizo lugar el organismo.
