El juez Sergio Torres requirió información a organismo públicos sobre posibles conflictos de intereses con la asignación de rutas a la low cost.
El juez federal Sergio Torres requirió documentación a un amplio arco de organismos públicos para comenzar a investigar al presidente Mauricio Macri; su padre, Franco, y una decena de empresarios y funcionarios públicos, como el ministro Guillermo Dietrich, por la asignación de rutas aéreas a Avianca.
El magistrado requirió el contrato por la venta de la empresa MacAir Jet -de la familia Macri- hasta las actas de las sociedades que pidieron nuevas rutas aéreas.
Luego de obtener esa información, Torres determinará si requiere el resto de las medidas de prueba que pidió Jorge Di Lello. El fiscal había requerido la suspensión del proceso que lleva adelante el Gobierno para asignar nuevas rutas aéreas.
El Gobierno ya suspendió temporalmente la entrega de rutas aéreas a la empresa Avianca, la compradora de MacAir. Tras la compra, mantuvo a su gerente, Carlos Colunga. Según se anunció, la firma deberá esperar que los organismos de control se expidan sobre posibles conflictos de interés al tratarse de una compañía que perteneció a la familia Macri.
La aerolínea colombiana emitió un comunicado días atrás en el que negaba tener algún tipo de vinculación con la firma argentina. "Avian Líneas Aéreas S.A., comercialmente llamada Avianca Argentina, corresponder a una inversión de Sinergy Group, en la cual NO PARTICIPA (sic) Avianca Holdings S.A.", manifestaron.
El juez Torres también requirió a la Inspección General de Justicia la documentación de las empresas aéreas MacAir, Fly Bondi, Unicos Air, Patagonia SA, algunas de las compañías que solicitaron la explotación de nuevas rutas. También pidió a Avianca el contrato de compra de la firma MacAir, con el convenio de confidencialidad incluido.
Torres pidió además a Presidencia de la Nación información relativa a la demanda judicial que enfrenta la Argentina en Estados Unidos por el alquiler de un avión que utilizó Macri para viajar el año pasado a Colombia. La empresa Engage Aviation le reclama a la Argentina US$ 500.000 por el supuesto incumplimiento de un contrato.
