También la provincia de Corrientes, administrada por Ricardo Colombi, que está mañana –por ejemplo- dejó más de 10 horas sin luz a un barrio, hasta que la DPEC reaccionó ante los cortes de calles y quemas de neumáticos de los vecinos; quiere ejercer el poder de contralor.
Ante la falta de avance de propuestas para que las provincias del NEA puedan tener a su cargo el servicio de transporte de energía que brinda la empresa privada TRANSNEA, desde el gobierno correntino se insistirá en colaborar con la firma en la atención de los colapsos y, como segundo objetivo, tener el poder de contralor que ejerce el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
La empresa transportadora de energía TRANSNEA, cuestionada por las provincias del NEA, tiene la concesión del servicio por un término de 95 años, renegociables cada 10 años.
Las cláusulas para una eventual rescisión son complejas y con elevadas indemnizaciones.
La empresa se encarga de llevar la energía a las distribuidoras provinciales de Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos, pero las recurrentes falencias motivaron que estas provincias iniciaran gestiones para administrar el servicio de TRANSNEA dentro de sus jurisdicciones.
Alegan que la mayoría de los problemas de cortes masivos del servicio son responsabilidad de TRANSNEA, además de pérdidas por energía no cobrada, como Corrientes que reclama 142 millones de pesos de energía no facturada por los cortes en los últimos años.
Las provincias ya hicieron ante la Nación el planteo de manejar el servicio de TRANSNEA, pero ante la falta de respuestas, desde Corrientes se buscan alternativas más rápidas.
En Corrientes pedirán que al menos se habilite a la Dirección Provincial de Energía para colaborar técnicamente en la solución de problemas de suministro en las instalaciones de TRANSNEA.
Argumentan desde la Secretaría de Energía de Corrientes que TRANSNEA no tiene personal técnico suficiente que se traduce en un tiempo mucho mayor para solucionar los problemas.
La habilitación del permiso para solucionar de manera conjunta los problemas de operación sería un primer paso, en tanto que el segundo objetivo es que las provincias del NEA puedan ejercer el problema de contralor y sancionatorio que actualmente ejerce el Ente Nacional Regulador, el cual muy pocas veces sancionó TRANSNEA por sus falencias y falta de inversión.
