La apertura de sobres de la licitación privada se realizó el jueves 11 en el ministerio de industria. 120 días se estableció como plazo para la concreción de la obra. Son cuatro meses, Colombi se va en siete.
“Todo contrato se hará por licitación pública cuando del mismo deriven gastos”. Ley 5571, Art. 108º.
El Gobierno provincial en retirada buscó consolidar una alianza con empresarios a quienes disgusta competir en igualdad de condiciones y con sectores del Poder Judicial que acompañaron la cartelización de la administración pública. Antes de irse pretende contratar sin licitación pública una obra por $8.538.059, según el anuncio del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, para su inversión en el Parque Tecnológico Unne-Corrientes.
La obligatoriedad de la licitación pública admite excepciones, por ejemplo cuando el monto de la operación no exceda de $900.000 y también con autorización del Poder Ejecutivo, ante algunas situaciones como las siguientes:
*Entre reparticiones oficiales.
*Cuando la licitación pública resultó desierta o no se presentaron ofertas válidas.
*Cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o casos fortuitos.
*Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se mantengan secretas.
Ninguna de estas causales, entre otras previstas en la ley, parece existir en el emprendimiento en clave de tecnología (“parque tecnológico”) aunque suene bien.
El caso es que en una licitación pública lloverían ofertas válidas, para elegir. Con más razón en una política de Estado como la que montó Colombi, que ha privilegiado contrataciones y privatizaciones y deberían existir muchas empresas a efectos de mantener la competencia propia del sistema capitalista.
En el caso del Parque Tecnológico Unne-Corrientes no se advierten razones de urgencia. La propia naturaleza del emprendimiento supone convenios previos de la administración pública provincial con una universidad nacional, con mayor razón si los trabajos deberían estar terminados en 120 días; salvo que deliberadamente desde el inicio se haya decidido burlar la obligatoriedad de la licitación pública. Pero no hay interpretación alguna que en castellano básico y de buena fe pueda suplantar a ese requisito legal.
Visto desde otro ángulo, si los trabajos deben estar terminados en cuatro meses, días más, días menos, estamos en octubre, lo que lleva a pensar en un propósito accesorio de anuncio electoral, como otros incumplidos desde 2013, pero además aparece cantada una violación de la ley, hasta que se demuestre lo contrario. Norte Corrientes
