Las autoridades de la Casa de Gobierno de Santa Fe sostienen que es habitual llevar personas de una ciudad a otra como testigos. Según el gobierno santafesino, con autorización judicial de por medio, no es imperioso notificar a la autoridad local de una acción operativa en curso. Actuó el Grupo de Choque "Los Pumas" de Santa Fe, cuyos integrantes no avisaron a las autoridades correntinas. Operaron en territorio correntino armados hasta los dientes en medio del operativo denominado "Ciudades Hermanas" que combate el narcotráfico entre Goya y Reconquista.
La tensión llegó hasta el mismo gobernador Ricardo Colombi que solicitó a sus funcionarios del área de Seguridad Pública que impidieran los allanamientos, a los que consideró una intromisión no autorizada por la autoridad judicial con competencia en Corrientes, la jueza Graciela Elizabeth Ferreyra.
Según fuentes de la Casa Gris del gobierno santafesino, Ricardo Colombi requirió que se liberara a los dos testigos del procedimiento que los policías santafesinos llevaron desde la capital correntina hacia Goya, lo que en esta provincia se considera una privación ilegítima de la libertad.
Las autoridades santafesinas señalaron estar actuando sujetas a derecho y por orden emanada de un juez federal. Fue así que José Moyano, jefe del operativo, dijo que los testigos no estaban detenidos sino que actuaban merced a una carga pública de imposición legal, y que interrumpir la tarea que cumplían significaría el fracaso del operativo.
Frente a esa respuesta una jueza provincial ordenó la detención del jefe de la policía santafesina que encabezaba los allanamientos.
En una discusión por momentos acalorada el gobernador Colombi le reprochó a un ministro santafesino que se hubieran trasladado 150 kilómetros a los testigos y que se interviniera en el territorio de otra provincia sin aviso previo a las autoridades competentes.
Según el gobierno santafesino con autorización judicial de por medio no es imperioso notificar a la autoridad local de una acción operativa en curso.
