El FMI no es el único salvavidas al que se aferra la gestión de Mauricio Macri. El Presidente abraza también con fuerza el sueño argentino que simboliza el yacimiento Vaca Muerta , el inmenso reservorio de gas y petróleo no convencional en la cuenca neuquina que se considera una mina de oro.
El Gobierno, un sector de la oposición y los gremios de la energía trabajan en un novedoso proyecto para declarar Vaca Muerta una política de Estado. Será quizás uno de los puntos en común de la campaña electoral de 2019. El borrador tiene tres ejes: desarrollo, productividad y competitividad. Está aún en debate incluir un artículo para restringir el derecho de huelga. Sería la ampliación a otros sectores del inédito acuerdo que cerró el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, que aceptó evitar conflictos que perjudiquen la productividad del yacimiento.
Pereyra selló el trato con las empresas que explotan Vaca Muerta y con el gobierno de Neuquén como garante. Arrastró también al gremio de los jerárquicos. Le faltó nada más convencer a sus pares petroleros Claudio Vidal (Santa Cruz) y Jorge Ávila (Chubut), ambos de perfil más combativo que el senador nacional neuquino.
A pesar de sus diferencias, Pereyra, Vidal y Ávila suelen negociar en tándem. En los últimos días se anotaron dos triunfos: presionaron con éxito a legisladores y gobernadores para que el Gobierno revise el proyecto de ley de presupuesto y se mantengan las exenciones del impuesto a las ganancias en lo relativo a viáticos y movilidad, dos anabólicos determinantes del salario de los petroleros. La Casa Rosada cedió, sobre todo, pensando en los coletazos que la medida podía generar en Vaca Muerta y en los gremios del transporte.
La otra victoria reciente del bloque petrolero fue la recomposición salarial. Los tres caciques reabrieron el miércoles pasado por tercera vez en 2018 la paritaria y alcanzaron un aumento anual de 45%, con una nueva cláusula de revisión en caso de que la inflación supere el porcentaje otorgado. Es hasta ahora la paritaria récord. Beneficios de una de las pocas industrias del país que mira el horizonte con moderadas expectativas.
Mientras que Pereyra, Vidal y Ávila buscan sacar provecho en bloque de las inversiones que el Gobierno proyecta con entusiasmo para Vaca Muerta, lejos de la Patagonia, en el cemento porteño, la Confederación de Trabajadores de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda), que encabeza el petrolero Antonio Cassia, gestiona con Rogelio Frigerio , Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto los puntos de la iniciativa para declarar al yacimiento una política de Estado. Los involucrados dicen que el borrador está aún verde, que ni siquiera se bajaron en tinta las conversaciones.
"Vaca Muerta es un recurso estratégico para la economía del país. Lo que firmó Pereyra para que no haya paros está bien y lo acompañamos. Son condiciones para el gremio de él, que representa a los trabajadores que están en la boca del pozo. Hay otras actividades que también tienen limitaciones para la huelga: los que brindan servicios de agua, luz y gas, el transporte y la salud", argumentó un sindicalista del sector energético.
Un dato: Hugo Moyano es parte de la Catheda por el rol de los camioneros en la distribución del combustible, aunque en esta negociación quedó al margen.
Macri valoró el convenio que firmó Pereyra y hasta no descarta ponderarlo en algún acto oficial o en alguna visita programada a Vaca Muerta. En el Gobierno distinguen en Pereyra, que tiene 75 años, un dirigente sindical aggiornado, capaz de resignar beneficios, como los hizo al aceptar cambios en el convenio colectivo, con tal de mantener los puestos de trabajo. Los elogios oficiales se tributan en hechos: Pereyra, que es senador nacional del Movimiento Popular Neuquino, ya avisó que votará a favor de la ley de presupuesto el 14 del actual.
Los críticos de Pereyra, muchos de ellos con raíces en la izquierda y que son una amenaza latente en el yacimiento, plantean que el petrolero aceptó el trato de restringir el derecho a huelga en Vaca Muerta porque está acorralado en una causa judicial por administración fraudulenta en su gremio, al que tiene en un puño desde hace tres décadas. El fiscal Carlos Rívolo tiene al sindicalista bajo la lupa por haber montado un holding de empresas familiares a través de las cuales habría defraudado a su propio gremio, además de haber celebrado contratos espurios con YPF y recurrir a firmas offshore para lavar dinero.
De manera estratégica, la Casa Rosada comenzó a virar su arremetida contra los sindicatos. En el Gobierno trabajan contra reloj para intentar disminuir los conflictos en la antesala a la cumbre de líderes del G20. Hubo esta semana episodios que desnudaron el giro. El primero fue el llamado de Dante Sica a la cúpula de la CGT para desactivar el paro que anunciaron para fin de este mes. El ministro prevé un encuentro informal con los sindicalistas el martes próximo. Ese día se conocería si el Gobierno está en condiciones de ceder ante algunos de los reclamos sindicales, como un pacto
antidespidos por seis meses.
Sin dinero para otorgar una suba de emergencia a los jubilados o eximir al medio aguinaldo del alcance del impuesto a las ganancias, la primera concesión oficial fue simbólica: excluyó por ahora del proyecto de ley de ética pública el artículo que obligaba a los sindicalistas a presentar su declaración jurada. La determinación abrió otra grieta con Elisa Carrió en Cambiemos . Sin embargo, logró su cometido y tuvo efecto inmediato entre los gremios: un sector de la CGT ya rechazó internamente avanzar con la huelga y en el Gobierno celebran la eventual dispersión. La negociación sigue abierta.
