Si se cumplen las etapas procesales cómo corresponden desde la justicia federal, Horacio Ricardo Colombi deberá afrontar dos causas judiciales por su escandalosa intromisión en el mega operativo antidrogas del miércoles 21 de diciembre en Goya, donde pisoteó una orden judicial de Reconquista, con el pretexto de “defender” la jurisdicción. Como si fuera poco, José Moyano el jefe policial antidrogas, a cargo de los allanamientos denunció que lo demoraron “por orden del Gobernador”.
Este oleaje de denuncias no solo recaería sobre las espaldas del gobernador, sino también le llegaría a los policías que lo acompañaron en su injerencia en los allanamientos. El operativo antinarco derivó en un conflicto entre Corrientes y Santa Fe, donde la causa contra Ricardo Colombi incluirá a varios jefes policiales correntinos.
El juez federal Alurralde explicó que cualquier ciudadano puede ser sujeto de una investigación con respecto a sus actos, razón por la cual “no hay motivos para no poner bajo la lupa a Colombi por el sólo hecho de ser gobernador; nadie está por encima de la ley, ni siquiera los funcionarios públicos y los magistrados”, aseguró el magistrado.
El gobernador Colombi, deberá afrontar dos denuncias judiciales por su intromisión en los allanamientos realizados por la Policía de Santa Fe, bajo orden del Juzgado Federal de Reconquista, emanada por el juez Aldo Alurralde, en la ciudad de Goya en el marco de un operativo antinarcóticos. El otro denunciante es José Moyano, jefe de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones de la fuerza santafesina, quien fue demorado por la Policía de Corrientes durante la intromisión del mandatario.
Al ser demorado, Moyano recibió la explicación de la Policía de Corrientes que lo hacían “por orden del gobernador Colombi”, sostiene el comisario Moyano.
La presentación judicial de Moyano hasta ahora no había tomado estado público. A su vez, el comisario santafesino está supeditado a dos causas judiciales (una iniciada en Capital y otra en Goya) por supuestas irregularidades en su accionar y el de sus subalternos durante el operativo “Ciudades Hermanas” que terminó con diez presuntos narcos detenidos y la incautación de marihuana, cocaína, dinero y armas de fuego.
La semana pasada, se conoció que el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde (quien dispuso los allanamientos en Goya) ordenó investigar al gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, ante la presunta comisión de un delito de acción pública.
Alurralde ordenó abrir una causa contra el mandatario correntino a la fiscal federal de Reconquista, Ana Bruno Campana, aunque por la feria judicial el caso recayó en su par Bruno Ojeda. “Es para investigar un posible delito de acción pública frente a un suceso de dominio público”, explicó el magistrado.
En sus declaraciones, el magistrado federal sostuvo que al ordenar la apertura de la investigación cumplió con su deber y que la causa se desarrollará “guste o no, caiga quién caiga”. Además, durante el fin de semana, se reprodujeron expresiones del magistrado quien confirmó que “inicié una causa para que se investiguen todos los hechos que ocurrieron en Goya, que no sólo tuvieron como protagonista al gobernador de Corrientes; sino también a los jefes policiales de esa provincia”.
En la mañana del miércoles 21 de diciembre se movilizaron sesenta uniformados que rodearon la manzana de la casa de un sindicado jefe narco mientras Colombi fustigaba contra Moyano.
A unos metros estaban el juez de instrucción Carlos Antonio Balestra y los fiscales Patricio Palisá y Guillermo Barry.
“Evidentemente hay algún tipo de connivencia de narcos con la Policía de Corrientes”, había manifestado la fiscal Viviana Bruno Campaña, quien investiga la causa por narcotráfico y las denuncias contra Colombi, aunque de momento está de vacaciones.
TODO EL MUNDO INVESTIGADO
También se ordenó investigar a los efectivos que ejecutaron la detención del policía santafesino a cargo de los procedimientos en Goya. “Inicié una causa para que se investiguen todos los hechos que ocurrieron en Goya, que no sólo tuvieron como protagonista al gobernador de Corrientes; sino también a los jefes policiales de esa provincia”. Estas declaraciones pertenecen al juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien lo que hizo fue abrir formalmente un proceso penal y pedirle al fiscal federal de Reconquista, Bruno Ojeda -reemplazante temporal de la titular Viviana Bruno- que investigue al mandatario correntino y a los uniformados de la Policía de Corrientes que trataron de impedir los allanamientos y las detenciones de los sospechosos de participar de una red narco con base en Goya y puntos de distribución y venta en distintas ciudades y localidades santafesinas y en otras dos provincias.
Más allá que el investigado sea el titular del Ejecutivo Provincial, Alurralde explicó que cualquier ciudadano puede ser sujeto de una investigación respecto de sus actos, razón por la cual “no hay motivos para no poner bajo la lupa a Colombi por el sólo hecho de ser gobernador; nadie está por encima de la ley, ni siquiera los funcionarios públicos y los magistrados”, aseguró el magistrado en Santa Fe.
El juez había ordenado el miércoles 21 de diciembre una serie de allanamientos en simultáneo tanto en Goya, incluyó a Santa Lucía; como en la santafesina Reconquista, en el marco de un operativo que tenía como objetivo desarticular una presunta organización de narcotraficantes y que fue denominada “Ciudades Hermanas”.
El procedimiento derivó en un conflicto entre las dos provincias luego que el gobernador Ricardo Colombi se presentara en el lugar, con el acompañamiento de sesenta policías tácticos correntinos que rodearon los lugares donde los efectivos santafesinos hacían los allanamientos; y a los gritos quiso impedir el procedimiento y ordenó demorar al jefe del procedimiento, José Moyano, argumentando que había privado de la libertad a los 16 jóvenes correntinos que fueron llevados a Goya en carácter de testigos, desde la costanera de la capital provincial.
La investigación derivada a la Fiscalía de Reconquista deberá incluir o los jefes policiales correntinos que ejecutaron la orden de detención del máximo jefe policial del área antinarcóticos de la provincia de Santa Fe, comisario José Moyano, invocando, según el juez, la orden del Gobernador. Una facultad que por derecho le corresponde al Poder Judicial y no al Ejecutivo. La decisión del magistrado federal se suma a la denuncia judicial realizada por Moyano, a cargo de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones de la Policía de Santa Fe.
La presentación de este jefe policial hasta ahora no había tomado estado público y, justamente, eso es lo que quiere Alurralde que se investigue. Al ser demorado, Moyano recibió la explicación de la Policía de Corrientes que lo hacía “por orden del gobernador Colombi”.
Estas iniciativas, la de Moyano y ahora la de Alurralde, lejos de bajar los decibeles entre ambas provincias, judicializan el grave episodio.
Ahora Colombi y los jefes policiales dependientes de la Unidad Regional II, cuyo titular es el comisario general Héctor Montiel; serán puestos bajo la lupa judicial federal, donde aún no hay imputaciones concretas, por el “posible delito de acción pública frente a un suceso de dominio público”.
