Así se expresó en un dictamen Cesar Sotelo. En tanto el Jefe comunal de Paso de la Patria se defendió ayer de las acusaciones ante el Concejo Deliberante. Fue apoyado por vecinos. Aseguran que no pudo ejercer la defensa plena por negativa de los ediles.
Entre la vía judicial y la institucional transcurren los días del intendente suspendido de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi. Ayer la defensa se notificó de un dictamen que el fiscal general Cesar Sotelo emitió, en el que plantea al Superior Tribunal de Justicia, como competente en el conflicto de poderes, proceder a la restitución en el cargo del intendente de Paso de la Patria Guillermo Osnaghi y habla de gravedad institucional porque se violentan principios republicanos.
En el documento firmado por el Fiscal General se considera conducente para asegurar el regular funcionamiento de los poderes en conflicto. El STJ deberá definir dar curso a la medida cautelar pero aguardará a la audiencia de mediación prevista para el 1 de noviembre por otro capítulo de cruces entre el Ejecutivo y el Legislativo de la villa turística.
El Intendente es acusado de supuesto mal desempeño de sus funciones y conducta indebida al comprar una camioneta, alquilar un local y permitir la carga de combustible de rodados comunales en el predio municipal. El juicio político se inició a principios de octubre y ayer Osnaghi se presentó con la documentación pertinente ante el Concejo Deliberante. En las afueras, un importante número de empleados comunales y vecinos se acercaron a mostrarle su apoyo.
El abogado defensor José María González indicó que se trató de una “jornada tensa”, en la que “como suponíamos me impidieron ejercer la defensa y mis intervenciones”. “No hay norma constitucional que impida mi presencia, pero hasta solicitaron que me ubique detrás, ni siquiera al lado”, se quejó; y a su vez se preguntó cuando llegue el momento ¿quién va interrogar a los testigos? “No sabemos cómo se organizará la citación a testigos, pedidos de informe, inspección ocular y pedido de documentación”, indicó. Por otra parte dijo que hubo innumerables interrupciones al relato.
Al cuestionar el libre ejercicio de defensa González opinó: “Es el principio de asistencia técnica letrada, es algo fundamental y se impidió, pretendían exponerlo para que se defienda solo sin el sustento técnico legal”. Tras la lectura de expedientes que fue extensa de más de dos horas y media llegó el turno de la exposición en en la que Osnaghi volvió a pedir la recusación de algunos de los miembros del Concejo y la nulidad de todo lo actuado. Se cuestiona particularmente a la denunciante concejal Alejandra Jadur y al presidente de la Comisión Investigadora Jorge Sicardi.
La exposición culminó en horas de la siesta y se fijó para el lunes 12 de noviembre la fecha de alegatos en el Concejo Deliberante. El 16 de noviembre vence el plazo para que se expidan por la destitución o no del mandatario. “Seguramente como todo es especulación van a estirar la definición hasta ese último día”, dijo el defensor de Osnaghi.
El Jefe comunal habló en un cuarto intermedio de la audiencia y aseguró “voy a demostrar a la gente cuál es la verdadera intención de los concejales, que es la de destituirme desde que entramos a la gestión”. También cuestionó que no hayan dejado participar a su abogado. “Yo debía pasar a un cuarto intermedio para hacerle una consulta, pero voy mostrar la imágenes del importe que ahorra el municipio, abasteciéndonos combustible de un mayorista y no de la estaciones de servicio, tengo los valores para que la gente los vea y para que sepan cuál es la verdadera intención de los concejales, que es la de destituirme desde que entramos a la gestión”.
En tanto Alba Vazque, viceintendente local a cargo del Ejecutivo dijo que “la mayoría de los trabajadores municipales está hoy haciendo un paro, decidieron acompañar a Guillermo Osnaghi. En tanto resaltó: “Nuestra relación con el Intendente sigue intacta, seguimos comunicándonos. Estamos firmes que en que las cosas se hicieron bien, estamos confiados del apoyo de la gente, si vamos a una consulta vecinal”, remarcó. Es que de proseguir con el siguiente paso que es la destitución, se deberá llamar en un plazo no mayor a 30 días al plebiscito vinculante en el que la población determinará convalidar o no lo hecho por el cuerpo legislativo tal como lo indica la Constitución de la Provincia. El antecedente más cercano fue en Santa Rosa en 2015 en donde por el 55 por ciento de los votos la comunidad decidió echar al intendente Marcelo Otazo.
